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Legislación actualizada

LEY 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de
Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón,
y ordeno se publique en el "Boletín Oficial de Aragón" y en el
"Boletín Oficial del Estado", todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO I
La renovación del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón es un
objetivo necesario de la política legislativa de la Comunidad. La
Compilación vigente, originada hace ya más de treinta años en
circunstancias muy distintas de las actuales, a pesar de su notable
altura técnica y de su acierto en la conservación de las
instituciones del Derecho civil aragonés para las generaciones
futuras, resulta hoy insuficiente y parcialmente inadecuada para las
necesidades y expectativas de los aragoneses.

En el ámbito del Derecho civil, que ha configurado en moldes de
tradición secular realidades tan íntimas y, a la vez, tan decisivas
en la vida social como las relaciones familiares o el destino de los
bienes de las personas cuando llega su muerte, las intervenciones del
legislador no tienden a una ruptura con el pasado, sino más bien a
dar satisfacción a nuevas necesidades sentidas por el cuerpo social
enlazando armónicamente valores e instituciones que han determinado
históricamente el modo de ser aragonés con las valoraciones y
aspiraciones del presente. Se entiende así que el nuevo Cuerpo legal
de Derecho civil tienda a incorporar cuanto de bueno y útil hay en la
Compilación, que es casi todo, para actualizarlo, desarrollarlo y
completarlo con las normas que parezcan más conformes con los ideales
cívicos y las circunstancias vitales de los aragoneses y aragonesas
de hoy y de mañana.

La tarea legislativa de desarrollar sistemáticamente el Derecho
aragonés corresponde a las Cortes de Aragón, de acuerdo con el
artículo 149-1.8ª de la Constitución, en la amplia interpretación
avalada por el Tribunal Constitucional, señaladamente en su Sentencia
88/1993, de 12 de marzo. Esta tarea de largo aliento es la que la
presente Ley inicia, sin prejuzgar ahora la configuración final del
futuro Cuerpo legal.

La superior extensión es consecuencia de la finalidad propuesta de
aclarar, desarrollar y profundizar nuestro Derecho de sucesiones, de
modo que sea más constante y segura su aplicación en la práctica. Con
todo, la Ley no pretende agotar o llegar al límite de la competencia
autonómica en esta materia, sino regular lo que entiende necesario,
oportuno y acorde a las circunstancias. Fundamentalmente, como se ha
dicho, para aclarar, desarrollar y profundizar el Derecho vigente,
partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación,
completadas sus normas con otras que perfilan su alcance, hacen más
segura su aplicación o atienden a aspectos necesitados de nuevas
previsiones. También, dotando al conjunto de un marco de normas
generales en el que las concretas instituciones encuentren su acomodo
natural y armónico, contribuyendo así a que el Derecho civil de
Aragón aparezca a los ojos de todos como el Derecho civil común y
general en Aragón.

El Código civil seguirá siendo supletorio en materia de sucesiones
por causa de muerte, pues la Ley no trata de excluir su aplicación
entre nosotros. En realidad, los juristas aragoneses se sintieron en
el siglo XIX coautores del Código civil y ni entonces ni ahora
mostraron rechazo al mismo o suscitó éste su repulsa. Por ello, es
grande el espacio que esta Ley deja a las normas del Código civil, en
concepto de Derecho supletorio de acuerdo con el artículo 1º de la
Compilación. Ahora bien, la Ley procura evitar, mediante la inclusión
de normas específicas, la injerencia de aquellos preceptos del Código
que no armonizan con los principios del Derecho aragonés o dificultan
la aplicación o desarrollo de sus instituciones propias.

La Ley de Sucesiones por causa de muerte convivirá, al menos durante
algún tiempo, con la vigente Compilación del Derecho civil de Aragón
(exceptuados sus artículos 89 a 142, ahora derogados). Ningún
problema especial deriva de ello, pues una y otra ley forman,
sustantivamente, el mismo Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón.
Como es obvio, la Ley de Sucesiones se apoya en las normas compiladas
a la vez que contribuye a su interpretación. Así, cuando algún
precepto de la presente Ley (como de cualquiera otra, por lo demás)
exige la mayoría de edad, por ejemplo para otorgar pactos sucesorios,
para otorgar testamento ológrafo o para ser fiduciario, naturalmente
entiende referirse a la mayoría de edad del Derecho aragonés, hoy
regulada en un punto fundamental en el artículo 4º de la Compilación,
que hace mayores de edad a todos los efectos a quienes han contraído
matrimonio, aun antes de cumplir los dieciocho años. Por otra parte,
artículos como el 31 y el 51 de la presente Ley (capacidad de las
personas físicas para aceptar o repudiar, partición con menores de
catorce años o incapacitados) se entienden como concreción de las
normas y principios de la Compilación sobre capacidad por razón de la
edad, relaciones entre ascendientes y descendientes y relaciones
parentales y tutelares, que resultan así potenciados y de más segura
aplicación también en algunos supuestos no claramente previstos.

II
El cuerpo de la Ley está dividido en siete Títulos. El Primero y más
extenso de ellos se dedica a "las sucesiones en general" y es el que
en mayor medida recoge preceptos formalmente nuevos que tienen, entre
otras, la función de proporcionar a los más tradicionales y
esenciales el entorno normativo apropiado para su correcta
interpretación, aplicación y eficacia confor- madora de las
relaciones sociales, a la vez que facilitan el engarce con el Derecho
supletorio.

El orden de los Títulos II a VII sigue el de la preferencia de los
modos de delación, empezando, por tanto, por la sucesión voluntaria.
Parece lo coherente en una Ley que proclama (art. 3) que "el causante
goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión ... sin más
límites que el respeto a la legítima y los generales del principio
standum est chartae".

Dentro de la sucesión voluntaria, se trata en primer lugar de los
pactos sucesorios, que prevalecen frente al testamento, para seguir
con éste y, luego, con la fiducia sucesoria, siempre sujeta a la
voluntad manifestada en pacto o testamento. Tras unas normas comunes
a las sucesiones voluntarias, se aborda la regulación de la legítima
de los descendientes --límite principal de la libertad de disponer
por causa de muerte-- y, finalmente, la sucesión legal, para cuando
no existen o son insuficientes las disposiciones voluntarias.

III
El artículo segundo enuncia que "la sucesión se defiere por pacto,
por testamento o por disposición de la Ley". Los pactos sucesorios y
la fiducia sucesoria, fenómenos tan propios de nuestro Derecho,
requieren una formulación igualmente propia de las normas generales,
que en otros ordenamientos, como el del Código civil, tienen en
cuenta únicamente al testamento como cauce instrumental de sucesión
voluntaria, y sólo al testamento unipersonal, con proscripción del
mancomunado y de la intervención normal de un tercero en la
ordenación de la propia sucesión; mientras que el testamento
mancomunado y la fiducia sucesoria tienen un papel central en nuestra
vida jurídica.

También la existencia de la sucesión troncal tiene su necesario
reflejo en el Título Primero.

En este Título Primero se encuentra, asimismo, regulación más
pormenorizada de cuestiones que ya tenían alguna en la Compilación,
como la capacidad para aceptar o repudiar, la sustitución legal, la
responsabilidad del heredero o el consorcio foral.

En cuanto a la sustitución legal, son conocidos los problemas y
diversidad de interpretaciones que ha suscitado el artículo 141 de la
Compilación. Se ha optado por mantener para todos los supuestos la
denominación que recibió esta figura en 1967 (por considerarla
preferible a la de representación) y reunir todas las reglas en un
capítulo, el III del Título I, no sin antes comprobar por separado el
funcionamiento del mecanismo sustitutorio en la sucesión voluntaria,
en la legal y respecto de la legítima. De este modo, se aporta
claridad en la determinación de cada uno de los supuestos y sus
consecuencias, a la vez que se subraya que la sustitución legal no
tiene lugar nunca en caso de renuncia o repudiación de la herencia
por el llamado. El cambio legislativo en esta concreta cuestión ha
dado lugar a la disposición transitoria cuarta, que se atiene a la
regla general en su apartado uno, pero admite una excepción en el
segundo para supuestos en que cabe entender que el efecto
sustitutorio es consecuencia, no simplemente de la ley derogada, sino
de la voluntad del causante y para no contradecirla.

La responsabilidad del heredero, incluido el troncal, por las deudas
y cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del
caudal relicto, tradicionalmente calificada como "beneficio legal de
inventario", se mantiene tal como venía operando, con algunas
aclaraciones en aspectos prácticos y, en particular, se señala la vía
por la que el heredero podrá defender sus bienes frente a los
acreedores del causante y se establecen las preferencias a favor de
éstos respecto de los legatarios y los acreedores del heredero. El
pago de las deudas hereditarias por los herederos, tanto antes como
después de la partición, y el tipo de responsabilidad que en cada
caso les incumbe es otro de los temas que ahora reciben atención
pormenorizada.

La colación, como operación particional, sigue descansando únicamente
en la voluntad del disponente. No procede por ministerio de la ley,
que se limita a aportar breves reglas para cuando, en efecto, la
voluntad de los particulares haya ordenado su práctica sin indicar
otras.

De la partición propiamente dicha, se regula con detalle la
intervención de menores de catorce años o incapacitados, así como la
de menores mayores de catorce años, dada la frecuencia de estas
situaciones en la vida jurídica y la conveniencia de la mayor
claridad y seguridad en el modo de operar en ellas. También se
atiende a las prohibiciones de partir y los pactos de indivisión,
limitándolos temporalmente, y a la partición practicada por el
causante o su fiduciario.

El "consorcio foral", reintroducido en la Compilación de 1967 tras
vencer algunas dudas, es mantenido en esta Ley en sus rasgos básicos,
pero añadiendo precisiones inspiradas en las necesidades de la
práctica tanto en la previsión de los hechos que lo originan como en
la determinación de sus efectos. En particular, parece llamada a
tener frecuente aplicación la permisión de separación de un consorte
por el sencillo medio de declarar su voluntad en escritura pública,
con lo que tendrían fácil solución algunas situaciones indeseadas
puestas de relieve por algunos autores.

IV
La Compilación diseñó una regulación de conjunto de la sucesión
paccionada, construida sobre los ricos materiales de la experiencia
histórica con la ayuda de aportaciones doctrinales inspiradas en
otros ordenamientos que, como el aragonés, los reconocen y respetan
como expresión de la libertad civil de sus otorgantes. La presente
Ley incorpora en su Título II, en lo sustancial, aquella regulación,
que ha servido incluso de referencia a otros legisladores, ampliando
formalmente el ámbito de los pactos al no vincularlos en ningún caso
al otorgamiento de capítulos matrimoniales, a la vez que la enriquece
con nuevos desarrollos más pormenorizados.

Se distingue, en concreto, la institución a favor de contratante, que
puede ser "de presente" o "para después de los días", la institución
recíproca, el pacto a favor de tercero y los pactos de renuncia. A
todas estas modalidades, pero sobre todo a las primeras, se dedican
preceptos que hagan más clara la posición jurídica de unos y otros en
las distintas fases de este complejo fenómeno sucesorio y las
consecuencias de los diferentes eventos que pueden acaecer con
posterioridad al otorgamiento.

V
El Título III, "De la sucesión testamentaria", se abre con unas
disposiciones generales condicionadas, en buena medida, por el
reflejo que necesariamente proyecta sobre ellas la figura del
testamento mancomunado. Sin atender a esta modalidad testamentaria,
que es en la práctica con mucho la más común, no puede normarse
convenientemente en nuestro Derecho ni la capacidad, ni las formas ni
la interpretación de los testamentos.

Merece señalarse el precepto que indica los requisitos de forma del
testamento mancomunado ológrafo, exigiendo los que han parecido
mínimos imprescindibles para posibilitar en la realidad el
otorgamiento de estos testamentos, sin mengua de la seriedad y
libertad de la voluntad de ambos testadores. Por lo demás, se han
introducido previsiones sobre número y capacidad de los testigos
testamentarios para cuando sea necesaria su intervención, manteniendo
la regla de principio contraria a esta necesidad vigente desde 1985.

No ha parecido necesario mantener la figura del testamento ante
capellán, a pesar de su indudable antigüedad histórica. Su utilidad
es hoy muy limitada, suscita algunos reparos en el terreno de la
seguridad jurídica y sería muy difícil, cuando no imposible,
cohonestarlo plenamente con el principio constitucional de no
discriminación por razón de religión.

Los artículos específicamente dedicados al testamento mancomunado no
son muchos, pero todos ellos contienen alguna novedad. La más
aparente es la que admite el otorgamiento de estos testamentos por
cualesquiera dos personas, "sean o no cónyuges o parientes", mientras
la Compilación exigía la condición de cónyuges. Es una apertura que
parece adecuada a la realidad presente a la vez que apoyada en la
experiencia histórica, pues documentos de varios siglos muestran,
aunque no con gran frecuencia, la práctica del testamento mancomunado
también entre personas no casadas entre sí. La institución recíproca
entre los otorgantes, por otro lado, y asimismo a diferencia de lo
dispuesto en la Compilación, no producirá los efectos del "pacto al
más viviente" salvo que así lo hayan establecido los testadores,
según parece más conforme para respetar su verdadera voluntad. Sobre
la revocación unilateral del testamento, cuestión de siempre
disputada, se ha buscado compaginar la mayor libertad de la misma
--salvo en el caso de las disposiciones correspectivas-- con la
lealtad debida al otro otorgante, a quien hay que dar a conocer la
revocación para que obre, si quiere, en consecuencia. Por ello se
exige que en todo caso --haya o no cláusulas correspectivas-- la
revocación o modificación unilateral se haga en testamento abierto y
que el notario la comunique al otro testador, sirviéndose de los
datos que necesariamente ha de proporcionarle el revocante. Es
también nueva la norma que atiende a las disposiciones de bienes
entre vivos por parte de los testadores, para evitar que por este
medio se dejen indirectamente sin efecto disposiciones correspectivas
que no podrían revocarse o para atribuir a la disposición los efectos
de la revocación, todo ello sin entorpecer el tráfico de bienes y la
seguridad de los terceros adquirentes.

La doctrina de la invalidez de los testamentos tiene contornos muy
borrosos en el Código civil, dada la ausencia de un régimen legal
propio y el recurso necesario, pero no plenamente satisfactorio, a
las normas dictadas para los contratos en este Cuerpo legal. Por
ello, ha parecido útil distinguir en esta Ley diversas clases de
invalidez de los testamentos y de las disposiciones testamentarias, y
las consecuencias de cada una de ellas, con indicación de las
correspondientes acciones. Para la distinción de los casos en que
opera una u otra clase de nulidad (la que, por dar lugar a acción
imprescriptible, la doctrina acaso prefiera denominar de
"inexistencia", o aquella otra en que la acción prescribe a los
quince años), o bien la anulabilidad, hay que tener en cuenta que los
requisitos y formalidades de los testamentos y de la voluntad
testamentaria vienen establecidos predominantemente en el Código
civil. Son las consecuencias de la ausencia o infracción de los
requisitos lo que especialmente regula esta Ley con régimen
específico, atendiendo primordialmente a la ponderación de los
intereses en juego y a la seguridad jurídica, que es de creer queda
reforzada ya por el simple hecho de la existencia de una regulación
legal que permite saber a qué atenerse en cada caso. También la
revocación del testamento se ha regulado de manera más realista que
en el Código, siguiendo sustancialmente las indicaciones de la
jurisprudencia.

VI
La fiducia sucesoria, objeto del Título IV, es un instrumento al
servicio de la ordenación de la sucesión de quien ya ha fallecido que
tiene notorio arraigo y frecuente uso entre nosotros. De manera
similar a lo que se ha hecho en el testamento mancomunado, tampoco
para el nombramiento de fiduciario se requiere la condición de
cónyuge ni vínculo de parentesco. Se declara de la manera más
terminante que, a todos los efectos legales, la delación de la
herencia no se entenderá producida hasta el momento de la ejecución
de la fiducia o de la extinción de la misma, y se atiende con detalle
a algunos problemas que la práctica venía señalando, muy en
particular los relativos a la administración y disposición de los
bienes durante el tiempo en que la herencia está pendiente de
asignación y, por tanto, necesariamente yacente. Se han puesto
límites temporales a esta situación señalando plazo de caducidad al
fiduciario para el cumplimiento de su encargo, si bien, en atención a
una realidad muy arraigada, para cuando el único fiduciario nombrado
sea el cónyuge del causante su nombramiento se entenderá hecho de por
vida y podrá ejecutar el encargo en su propio testamento.

La preocupación por el eficaz cumplimiento del encargo se traduce
también en diversas disposiciones referidas a la fiducia colectiva,
incluida la que aprecia renuncia de su condición por quien, requerido
notarial o judicialmente, no acepta el cargo, o la que permite el
cumplimiento, en ciertos casos, aunque sólo quede uno de los
fiduciarios nombrados.

VII
El Título V, "Normas comunes a las sucesiones voluntarias", tiene, en
un ámbito más limitado, función similar a la del Primero en el ámbito
total del Derecho de sucesiones. Se perfilan las figuras del heredero
y del legatario así como algunas de sus modalidades, se aportan
reglas supletorias o interpretativas de las disposiciones voluntarias
y se atiende a algunos otros aspectos en que cabría dudar sobre el
alcance de la libertad de los otorgantes.

Para todo ello se han tenido en cuenta como precedentes ciertas
normas contenidas en los proyectos aragoneses anteriores al Apéndice
de 1925. El derecho de acrecer se considera únicamente basado en la
voluntad del disponente al otorgar llamamientos conjuntos, siguiendo
la tradición doctrinal aragonesa; tradición asimismo determinante de
la regla que permite al legatario de cosa cierta y determinada
existente en la herencia tomar posesión de ella por sí mismo y
conseguir su inscripción, siendo inmueble, en el Registro de la
Propiedad. Se recoge también la exclusión de la reserva legal de
bienes (a la que tanto el Apéndice como la Compilación hubieron de
referirse para rechazar la aplicación del Código civil), que sólo
tiene lugar por expresa determinación voluntaria que señale sus
reglas.

VIII
El Título VI está dedicado a la legítima. Se han mantenido los rasgos
fundamentales del sistema legitimario histórico en la forma en que se
plasmó en la Compilación, con algunos retoques favorables a la mayor
libertad de disponer y una pormenorizada regulación que evite la
injerencia de normas del Código civil que, en esta materia aún más
que en otras, corresponden a un sistema radicalmente distinto.

Por tanto, la legítima, como límite de la libertad de disponer de que
gozan los aragoneses, sigue siendo legítima colectiva a favor de los
descendientes, no hay más legitimarios que ellos, y el causante puede
con la misma normalidad tanto dejar los bienes a uno solo de ellos
(obviamente, también al nieto viviendo el hijo) como distribuirlos en
forma tendencialmente igualitaria, todo ello según su criterio.

La innovación más visible consiste en la reducción de la porción
legitimaria a la mitad del caudal, en lugar de los dos tercios en que
consistía con anterioridad. Se atiende así a las voces, procedentes
sobre todo de los ambientes urbanos, que demandan mayores
posibilidades para favorecer al cónyuge con los bienes que se
adquirieron durante el matrimonio, especialmente cuando no son
importantes los que a su vez se heredaron y, por otra parte, se
costeó en su momento la formación de los hijos y se ayudó
sustancialmente a su bienestar económico cuando se independizaron;
ahora bien, no se restringe la mayor libertad a este fin específico,
sino que queda abierta a las variadas circunstancias y motivaciones
de cada causante.

En consideración al viudo, además, se introducen a su favor algunas
desviaciones en las reglas sobre reducción de liberalidades e
intangibilidad cualitativa de la legítima. Se define con precisión
quiénes son legitimarios de grado preferente, pues de esta condición
depende la legitimación para la acción de reducción de liberalidades
y la de preterición. La acción de reducción de liberalidades (o de
lesión de la legítima colectiva, si atendemos a su causa) es la
principal que se ofrece a los legitimarios cuando el causante ha
dispuesto infringiendo los límites legales. En efecto, además de ser
la que procede cuando el conjunto de los descendientes no ha
percibido beneficios en cuantía al menos de la mitad del caudal
computable, es la única que, en su caso, corresponde a los
legitimarios de grado preferente que hayan sido preteridos
intencionalmente o excluidos voluntariamente.

También en el supuesto de infracción de la intangibilidad cualitativa
de la legítima por haberla atribuido el causante en bienes no
relictos las consecuencias se regulan con referencia a la acción de
reducción, pero en esta materia, además, se determinan con cuidado
los gravámenes permitidos y los prohibidos sobre la legítima, la
consecuencia de que el gravamen pueda tenerse por no puesto en el
segundo caso, y las llamadas "cautelas de opción compensatoria",
sujetas a límites bastante estrictos.

Se ha evitado el concepto de "legítima formal", una novedad de la
Compilación, que no parece haya podido cumplir la función
sistematizadora y de auxilio a la interpretación que cabía esperar de
ella. No hay, por tanto, un deber de nombrar o mencionar a ningún
legitimario en el acto de disposición mortis causa. La preterición se
ha regulado de acuerdo con la que se entiende debe ser su función
propia en nuestro Derecho, que es evitar que un legitimario de grado
preferente quede excluido de la herencia sin haberlo querido así el
causante, como consecuencia de que éste, al disponer, desconocía la
existencia del legitimario o su condición de tal, en particular por
haber nacido después, creer el causante que había fallecido o
desconocer que era descendiente suyo. En estos casos, el legitimario
preterido tiene derecho a una porción en el caudal relicto igual a la
del menos favorecido por el causante, salvo que preterido haya sido
el único o todos los legitimarios de grado preferente, caso en que se
produce la delación abintestato de todo el caudal relicto, a no ser
que haya sido designado heredero o legatario algún otro descendiente.

Estas consecuencias son semejantes a las previstas en la Compilación,
pero no así los supuestos. En particular, para cuando la preterición
sea intencional, --cosa que, además, se presume-- ningún derecho o
acción específicos nacen para el así excluido por la omisión de toda
atribución y mención a su favor.

Mención, por lo demás, que para ser suficiente a efectos de evitar la
preterición, basta en cualquier parte o cláusula del testamento o
escritura, aun sin disposición alguna o exclusión expresa.

Consiguientemente, la exclusión expresa, como la preterición
intencional, no ha de producir otros efectos que, en su caso, el
derecho a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, efecto
que no es, propiamente, de la preterición o exclusión, sino de la
lesión de la legítima. La exclusión voluntaria de un legitimario sin
necesidad de alegar causa alguna tiene, sin embargo, otros efectos
cuando es absoluta, es decir, cuando el disponente expresa su
voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión, lo que
le priva en efecto (y salvo que afecte a todos o al único
legitimario) incluso del derecho a suceder abintestato y del de
ejercitar la acción de lesión, en los que será sustituido por su
estirpe de descendientes si los tuviera.

Puesto que en el Derecho aragonés se ha podido, desde hace siglos,
excluir de la herencia a alguno o algunos de los hijos sin más que
dejarles, acaso, la manda simbólica de los famosos cinco sueldos o
fórmulas similares, ya se comprende el muy distinto y limitado juego
que la desheredación propiamente dicha ha tenido en nuestra vida
jurídica. Es de suponer que se seguirá manteniendo en tan estrechos
límites, pues sólo parece tener sentido práctico cuando el causante
quiere excluir de la herencia a todos o al único descendiente,
finalidad que no podrá lograr si no concurre y, en su caso, se
prueba, alguna de las causas tasadas para ello. Sólo por este camino
se puede llegar al excepcional resultado de la extinción de la
legítima colectiva.

En todo otro caso, las consecuencias serán las de la exclusión
absoluta.

Cierra el Título "De la legítima" una escueta referencia al derecho
de alimentos que, en ciertos casos y de forma subsidiaria respecto de
otras obligaciones alimenticias, puede nacer a favor de los
legitimarios de grado preferente, manteniéndose así, en lo esencial,
el precepto de la Compilación con algunas precisiones y
restricciones.

IX
Para el caso de que falte, total o parcialmente, la ordenación
voluntaria de la sucesión, tiene lugar la "sucesión legal", objeto
del Título VII. Se considera preferible hablar de "sucesión legal" en
lugar de sucesión intestada o abintestato, teniendo en cuenta la
posible existencia de los pactos sucesorios. La regulación es
formalmente completa, sin remisiones al Derecho supletorio, con pocas
variaciones respecto del Derecho ya vigente, pero con desarrollo más
detallado que facilite su aplicación.

Naturalmente, se ha conservado la sucesión troncal, calificada
expresamente como universal. Sus normas, aunque con otra formulación,
no distan mucho de las anteriores, aunque limitando algo los
supuestos. Para cuando proceda, la previsión sobre su constancia en
las declaraciones de herederos abintestato facilitará hacer valer sus
derechos a los herederos troncales. Se ha prescindido del recobro de
dote y firma de dote, por el total desuso de estos institutos, pero
se mantiene el de liberalidades hechas a favor de descendientes o
hermanos.

Por lo demás, la sucesión de los descendientes y, respecto de los
bienes no troncales ni recobrables, a favor de los ascendientes, el
cónyuge y los colaterales queda regulada sin alteración de fondo, con
el mismo límite del cuarto grado y la anteposición del cónyuge a
todos los colaterales que la reforma del Código civil de 1981
introdujo en Aragón. Aunque la valoración de este criterio,
perfectamente asumido en ambientes ciudadanos, quizás difiera en las
distintas comarcas de Aragón, la existencia de normas propias para
los bienes troncales lo hace adecuado para todos.

Se mantiene el llamamiento a favor de la Comunidad Autónoma en
defecto de toda otra persona llamada a la sucesión, tal como
determinó la Ley 4/1995, de 29 de marzo, así como el llamado
Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de
Zaragoza, en atención a lo razonable de esta tradición secular.

X
La "Parte final" de la Ley consiste en una disposición adicional,
diez disposiciones transitorias, una sencilla pero fundamental
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Se ha cuidado en las disposiciones transitorias de facilitar el
tránsito de la ley derogada a esta nueva, partiendo de la regla
general que somete las sucesiones por causa de muerte a la ley
vigente en el momento de la apertura de la sucesión. Las demás son
excepciones o modalidades de ésta para casos particulares, que
tienden a mantener la validez y eficacia de los actos de disposición
y también a producir efectos inmediatos en algunos fenómenos que se
desarrollan en un tiempo posiblemente largo, como la sucesión
paccionada, el consorcio foral o la fiducia sucesoria.

Con anterioridad se ha aludido, al hacer referencia a la sustitución
legal, a la disposición transitoria cuarta, que contiene regla
especial para unos casos asimismo especiales. En cuanto a la
disposición transitoria décima, sobre preterición, acaso no fuera
imprescindible, pues la interpretación llevaba en el Derecho de la
Compilación a la misma regla que la más claramente expresada en la
presente Ley, pero se ha considerado prudente introducirla para
disipar toda posible duda.

La disposición final primera da una nueva redacción al Título
Preliminar de la Compilación del Derecho civil de Aragón, es decir,
los tres primeros artículos de ésta. La finalidad es expresar con
mayor rigor y justeza el sistema de fuentes del Derecho civil de
Aragón, para lo que tiene competencia plena la Comunidad Autónoma en
virtud del inciso final del artículo 149-1.8.ª de la Constitución. La
nueva redacción respeta al máximo el texto anterior de estos
artículos, que es de notable altura técnica y está bien consolidado
en nuestra cultura jurídica, modificándolo en lo necesario para
expresar mejor el sistema ya existente como consecuencia de los
cambios operados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Resulta cuando menos oportuna esta modificación del texto del Título
Preliminar de la Compilación, al tiempo que se aprueba la primera ley
aragonesa de Derecho civil distinta y aparte de la Compilación, pues
al decir el artículo primero de ésta, en su redacción anterior, que
"constituyen el Derecho civil de Aragón ... las disposiciones de esta
Compilación..." parecía dar a entender que no hay ni puede haber otra
ley aragonesa de Derecho civil que la propia Compilación. Expresión,
por tanto, ocasionada a error, que entraría en contradicción con la
existencia de la presente Ley y las posibles iniciativas futuras del
legislador aragonés.

Las fuentes se enumeran ahora en el apartado uno del artículo primero
de manera directa y sintética, dejando a los artículos siguientes,
como ya ocurre en el texto que se deroga, la determinación de su
jerarquía y relaciones. En el apartado dos del mismo artículo se
señala la forma en que el Derecho estatal actúa como supletorio en el
ámbito del Derecho civil aragonés, respetando, por lo demás,
plenamente, como no podía ser de otra manera, los ámbitos
competenciales establecidos en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía.

En los artículos segundo y tercero se aclara que no hay más normas
imperativas o prohibitivas aplicables en el Derecho civil de Aragón
--límites, en consecuencia, tanto de la costumbre como del principio
standum est chartae-- que las del Ordenamiento jurídico aragonés y
las superiores al mismo, es decir, la Constitución; evitando así
alguna duda interpretativa a la que acaso se prestaba el texto antes
vigente, que fue redactado en el marco jurídico preconstitucional.
Naturalmente, en el ámbito de la competencia del Estado, las normas
imperativas del Código civil y de las demás leyes estatales
producirán sus efectos propios, conforme al sistema de fuentes
estatal; pero es igualmente claro que las normas del Código civil o
de otras leyes del Estado, en cuanto actúan como supletorias de las
aragonesas en el ámbito de la exclusiva competencia autonómica,
operan únicamente en defecto, no sólo de ley, sino también de
costumbre y después de que despliegue todos sus efectos el principio
standum est chartae, es decir, en la forma indicada en el apartado 2
del artículo 1º.

Para propiciar, aun en limitada medida, una mayor aplicación de las
normas consuetudinarias, en el artículo 2º de la Compilación se
sustituye la expresión "el propio conocimiento" por la de "las
propias averiguaciones", que es la que proponían todos los proyectos
de Compilación elaborados en Aragón en los años sesenta. Aunque bien
podía entenderse que el propio conocimiento incluía la realización de
averiguaciones para formarlo, la invitación más explícita a los
jueces y tribunales a averiguar con los medios que las leyes de
procedimiento les brindan la vigencia de una costumbre es acorde, a
la vez, con la creciente iniciativa que van asumiendo legalmente en
los procesos civiles y con la conveniencia de que no dejen de
aplicarse, cuando proceda, costumbres realmente existentes.

Por último, la Disposición final segunda prevé una vacatio legis
superior a la ordinaria, que se ha estimado conveniente dada la
extensión y trascendencia de la Ley para que la sociedad y los
profesionales del Derecho puedan conocer suficientemente el alcance
de las nuevas normas.

TITULO PRIMERO de las sucesiones en general
CAPITULO PRIMERO disposiciones generales
Artículo 1.--La sucesión por causa de muerte.

La sucesión por causa de muerte es la ordenación del destino de las
relaciones jurídicas de una persona fallecida que no se extingan por
su muerte y no estén sujetas a reglas distintas. En los pactos
sucesorios algunos efectos de la sucesión mortis causa se anticipan a
la muerte del instituyente.

Artículo 2.--Modos de delación.

1. La sucesión se defiere por pacto, por testamento o por
disposición de la Ley.

2. Los distintos modos de delación son compatibles entre sí.

Artículo 3.--Ordenación voluntaria.

El causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión
por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de
uno o más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la legítima y
los generales del principio standum est chartae.

Artículo 4.--Sucesores por causa de muerte.

1. Los llamamientos sucesorios pueden realizarse a título universal
o particular; en los primeros se sucede en la totalidad o en una
parte alícuota del patrimonio del fallecido, mientras que en los
segundos se sucede en bienes o derechos determinados.

2. Los sucesores por causa de muerte pueden ser herederos,
legatarios o sucesores a título particular por disposición legal.

3. Es también legatario quien recibe del disponente algún derecho
que no forma parte de la herencia.

Artículo 5.--Momento y lugar de apertura de la sucesión.

1. La sucesión se abre en el momento de la muerte del causante, y en
el lugar de su último domicilio.

2. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién
de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una
o de otra debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al
mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a
otro.

Artículo 6.--Momento de la delación.

1. La sucesión se defiere en el momento del fallecimiento del
causante.

2. En la sucesión bajo condición suspensiva, la delación tendrá
lugar al tiempo de cumplirse la condición.

3. En los llamamientos sucesivos, si se ha frustrado el llamamiento
anterior, la sucesión se entiende deferida al sustituto al tiempo del
fallecimiento del causante. No habiéndose frustrado el llamamiento
anterior, la nueva delación tiene lugar cuando fallezca el heredero
precedente o de otra forma se extinga su derecho.

4. En la sucesión contractual y en la fiducia, el momento de la
delación se rige por sus respectivas normas.

Artículo 7.--Adquisición de la herencia.

1. El llamado a título de heredero que acepta la herencia adquiere
los bienes y derechos de la misma, se subroga en las obligaciones del
causante y queda obligado a cumplir las cargas hereditarias, todo
ello desde el momento de la delación.

2. En la herencia deferida por pacto sucesorio los efectos
transmisivos dependen de lo pactado, sin que tras la muerte del
instituyente se requiera nueva aceptación del instituido que
intervino en el pacto.

3. El sucesor a título particular adquiere su derecho desde el
momento de la delación, sin perjuicio de la posibilidad de
repudiarlo.

Artículo 8.--Ineficacia del llamamiento voluntario.

1. Cuando resulte ineficaz un llamamiento voluntario, no haya
sustituto del mismo carácter o legal ni tenga lugar el derecho de
acrecer, la porción vacante del llamado a heredar pasará a los
herederos legales del causante y si se trata de un legado se
refundirá con la masa de la herencia.

2. Quien hereda como consecuencia de la ineficacia de un llamamiento
voluntario, aunque sea como heredero legal, queda sujeto a las mismas
modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas al primeramente
designado, salvo que sean puramente personales de éste o que el
disponente hubiera previsto otra cosa.

Artículo 9.--La herencia yacente.

1. Desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación del llamado
la herencia carece de titular.

2. La administración de la herencia yacente corresponderá a la
persona que hubiera designado, en su caso, el causante.

3. A falta de administrador los llamados como herederos podrán
realizar exclusivamente actos posesorios, de conservación, vigilancia
y de administración de la herencia. Dichos actos por sí solos no
implican la aceptación de la misma.

4. Asimismo, los llamados como herederos podrán instar el
nombramiento de un administrador judicial de la herencia de acuerdo
con lo establecido en las leyes procesales.

5. La situación jurídica de la herencia yacente en los casos de
fiducia se regirá por sus propias normas.

CAPITULO II capacidad e indignidad para suceder
Artículo 10.--Capacidad sucesoria de las personas físicas.

1. Tienen capacidad sucesoria todas las personas nacidas o
concebidas al tiempo de la apertura de la sucesión y que sobrevivan
al causante. No obstante, en la sucesión voluntaria puede disponerse
a favor de los hijos aún no concebidos de persona determinada viva al
tiempo de la apertura de la sucesión.

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá concebido al tiempo de la
apertura de la sucesión el que nazca antes de los trescientos días
siguientes al fallecimiento del causante.

3. Si el causante ha expresado en debida forma su voluntad de
fecundación asistida post mortem con su material reproductor, los
hijos así nacidos se considerarán concebidos al tiempo de la apertura
de la sucesión siempre que se cumplan los requisitos que la
legislación sobre esas técnicas de reproducción establece para
determinar la filiación.

Artículo 11.--Llamamientos a favor de no nacidos.

La herencia deferida a favor de un todavía no nacido, esté concebido
o no, se pondrá en administración, con sujeción a las reglas de la
herencia bajo condición suspensiva.

Artículo 12.--Capacidad sucesoria de las personas jurídicas.

1. Tienen capacidad sucesoria las personas jurídicas constituidas
legalmente al tiempo de la apertura de la sucesión.

2. Si el causante, en su disposición por causa de muerte, crea u
ordena crear una persona jurídica que sólo quede constituida
legalmente después de la apertura de la sucesión, ésta tendrá
capacidad para adquirir las atribuciones patrimoniales ordenadas por
el causante desde que tenga personalidad, pero los efectos se
retrotraerán al momento de la delación.

Artículo 13.--Causas de indignidad.

Son incapaces de suceder por causa de indignidad: a) Los padres que
abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes.

b) El que fuere condenado por haber atentado contra la vida del
causante, de su cónyuge, descendientes o ascendientes, contra la vida
del fiduciario o contra la vida de otro llamado a la herencia cuya
muerte favorezca en la sucesión al indigno.

c) El que fuere condenado a pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de los derechos de patria potestad o autoridad familiar,
tutela, guarda o acogimiento familiar, en las sucesiones de las
personas sobre las que versará la pena y sus descendientes.

d) El que fuere condenado por acusación o denuncia falsa contra el
causante o el fiduciario, en relación con un delito para el cual la
ley señale una pena grave.

e) El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del
causante, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia,
cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio.

f) El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al causante o al
fiduciario a otorgar, revocar o modificar las disposiciones
sucesorias.

g) El que por iguales medios impidiera a otro otorgar pacto
sucesorio, testamento o acto de ejecución de la fiducia, o revocar o
modificar los que tuviese hechos, o suplantare, ocultare o alterare
otros posteriores.

Artículo 14.--Momento para calificar la capacidad.

1. Para calificar la capacidad sucesoria se atenderá al tiempo de la
delación.

2. En los casos b), c) y d) del artículo anterior se esperará a que
se dicte la sentencia firme, y en el e) a que transcurra el mes
señalado para la denuncia.

Artículo 15.--Efectos de la indignidad.

1. Las causas de indignidad sucesoria producirán efecto cuando las
invoquen personas que resultarían favorecidas en la sucesión, caso de
declararse la indignidad, pero, una vez declarada, sus efectos se
retrotraerán al tiempo de la delación.

2. La indignidad declarada priva al indigno de la herencia o legado
y, en su caso, de la condición de legitimario.

Artículo 16.--Deber de restitución.

El indigno de suceder que hubiera entrado en posesión de los bienes
de la herencia o del legado tendrá que restituirlos con sus
accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido.

Artículo 17.--Rehabilitación del indigno.

1. Las causas de indignidad sucesoria no surtirán efecto si el
causante, conociéndolas, hace disposiciones a favor del indigno, se
reconcilia con él o le perdona en escritura pública. La
reconciliación y el perdón serán irrevocables.

2. El fiduciario podrá dejar ineficaces las causas de indignidad por
los mismos actos que el causante, salvo que éste expresamente se lo
haya prohibido.

Artículo 18.--Caducidad de la acción.

La acción declarativa de la indignidad caducará transcurridos cinco
años desde que el indigno de suceder esté en posesión de la herencia
o legado.

CAPITULO III Sustitución legal
Artículo 19.--Concepto.

Salvo previsión en contrario del disponente, los descendientes de un
llamado a título universal o particular o legitimario de grado
preferente ocupan el lugar de éste en la sucesión o en la legítima
por sustitución legal en los casos previstos en esta Ley.

Artículo 20.--Ambito.

1. La sustitución legal puede darse en la sucesión voluntaria y en
la legal, así como en la legítima.

2. La sustitución legal tiene lugar en la línea recta descendente,
pero no en la ascendente. En la línea colateral sólo tiene lugar en
favor de los descendientes de hermanos, bien sean de doble vínculo,
bien de un solo lado.

Artículo 21.--Sucesiones voluntarias.

1. En las sucesiones voluntarias la sustitución legal tiene lugar
cuando el llamado ha premuerto o ha sido declarado ausente o indigno
de suceder.

2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes,
sin limitación de grado, del sustituido que a su vez sea descendiente
o hermano del causante.

3. Los sustitutos que reciban la porción del llamado a la herencia
declarado ausente deberán cumplir las obligaciones que impone la
normativa sobre la ausencia.

Artículo 22.--Sucesión paccionada.

Las reglas del artículo anterior son de aplicación a la sucesión
paccionada, salvo en el caso de premoriencia del instituido al
instituyente regulado en el artículo 72.

Artículo 23.--Sucesión legal.

1. En la sucesión legal la sustitución tiene lugar cuando el llamado
ha premuerto, ha sido declarado ausente o indigno de suceder, así
como cuando ha sido desheredado con causa legal o excluido
absolutamente en la sucesión.

2. En tales supuestos, la sustitución legal en favor de los
descendientes del descendiente sustituido, se produce sin limitación
de grado y aunque concurran solos; mientras que la sustitución legal
en favor de los descendientes del hermano sustituido, sólo llega
hasta el cuarto grado a contar del propio causante y siempre que no
concurran solamente hijos o solamente nietos del hermano sustituido.

Artículo 24.--Sustitución legal en la legítima.

1. La sustitución legal en la condición de legitimario de grado
preferente tiene lugar cuando el legitimario ha premuerto, ha sido
desheredado con causa legal o declarado indigno de suceder.

2. Al legitimario de grado preferente excluido absolutamente en la
sucesión le sustituyen también sus descendientes, pero conserva el
derecho de alimentos previsto en el artículo 200.

Artículo 25.--Efectos.

1. Por la sustitución legal, la delación en favor del sustituido o
su condición de legitimario de grado preferente corresponde a su
estirpe de descendientes, de modo que el sustituto o sustitutos
legales ocupan el lugar que habría correspondido al sustituido si no
hubiera concurrido causa de sustitución.

2. Para que opere la sustitución legal no es preciso que el
sustituto llegue a heredar al sustituido.

Artículo 26.--Inexistencia en caso de renuncia.

En caso de renuncia o repudiación no tiene lugar la sustitución
legal.

CAPITULO IV aceptación y repudiación de la herencia
Artículo 27.--Libertad para aceptar o repudiar.

1. El llamado a una herencia podrá libremente aceptarla o
repudiarla, una vez producida la delación a su favor.

2. Si son varios los llamados a la herencia, cada uno de ellos puede
aceptarla o repudiarla con independencia de los otros.

3. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo
establecido para la aceptación o renuncia de uno o varios
contratantes de un pacto sucesorio.

Artículo 28.--Caracteres de la aceptación y la repudiación.

1. La aceptación y la repudiación son actos unilaterales e
irrevocables del llamado a la herencia y sus efectos se retrotraen al
momento del fallecimiento del causante.

2. Son nulas la aceptación y la repudiación de la herencia hechas a
plazo o condicionalmente.

Artículo 29.--Diversidad de llamamientos a una misma herencia.

1. El llamado a una herencia por disposición voluntaria que sin ella
estuviera también llamado por disposición de la ley, se entiende que
si la repudia por el primer título la ha repudiado por los dos, salvo
que en el mismo acto manifieste su voluntad de aceptar como heredero
legal. En este último caso, quedará sujeto a las mismas modalidades,
limitaciones y obligaciones impuestas por el disponente.

2. Si el llamado repudia la herencia como heredero legal y sin
noticia de su llamamiento voluntario, puede aceptarla todavía por
éste.

Artículo 30.--Aceptación y repudiación parcial.

1. Es nula la aceptación o la repudiación parcial de la herencia o
cuota de ella deferida al llamado.

2. El llamado por distintos modos de delación puede aceptar por un
llamamiento y repudiar por otro.

3. El llamado simultáneamente como heredero y legatario puede
aceptar por un concepto y repudiar por el otro.

Artículo 31.--Capacidad de las personas físicas para aceptar o
repudiar.

1. Pueden aceptar una herencia las personas mayores de catorce años
no incapacitadas; pero para repudiarla los menores de edad mayores de
catorce años, aunque estén emancipados, necesitarán la asistencia que
requiere la Compilación del Derecho civil.

2. La aceptación y la repudiación de las atribuciones deferidas a
menores de catorce años o a incapacitados sometidos a tutela o a
autoridad familiar prorrogada o rehabilitada corresponde a sus
representantes legales; pero para repudiarlas necesitan autorización
de la Junta de Parientes o del Juez. Denegada la autorización
judicial se entenderá automáticamente aceptada la atribución
sucesoria.

3. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la
Compilación del Derecho civil, siendo representantes ambos padres,
puede aceptar en nombre del hijo uno cualquiera de ellos; sin
embargo, la repudiación exigirá la intervención de ambos.

4. El sometido a curatela puede aceptar o repudiar la herencia con
la asistencia del curador, salvo que se establezca un régimen
distinto en la sentencia de incapacitación.

Artículo 32.--Aceptación y repudiación por las personas jurídicas.

La capacidad y los requisitos para la aceptación y repudiación de las
herencias deferidas a las personas jurídicas de derecho público o
privado se rigen por las normas que específicamente les sean
aplicables. A falta de éstas, se aplican a la aceptación las reglas
de la persona jurídica relativas a los actos de administración y a la
repudiación las reglas de los actos de disposición de bienes.

Artículo 33.--Interpelación.

1. Transcurridos treinta días desde que se haya producido la
delación, cualquier tercero interesado podrá solicitar al Juez que
señale al llamado un plazo, que no podrá exceder de sesenta días,
para que manifieste si acepta o repudia la herencia.

2. El Juez apercibirá al llamado de que, si transcurrido el plazo
señalado no ha manifestado su voluntad de aceptar o repudiar, se
tendrá la herencia por aceptada.

Artículo 34.--Formas de aceptación.

1. El llamado puede aceptar la herencia expresa o tácitamente.

2. Aceptación expresa es la que el llamado hace en documento público
o privado en el que manifiesta su voluntad de aceptar la herencia.

3. Tácita, es la que tiene lugar mediante actos del llamado que
suponen necesariamente la voluntad de aceptar o que no podría
realizar si no fuera heredero.

Artículo 35.--Aceptación tácita.

1. En particular, se considera aceptada la herencia por el llamado
que: a) Dona o transmite a título oneroso su derecho a la herencia o
alguno de los bienes que la componen.

b) Renuncia a favor de sólo alguno o algunos de los llamados a la
herencia.

c) Sustrae u oculta bienes de la herencia.

2. No se entiende aceptada la herencia por el llamado que realiza
actos posesorios, de conservación, vigilancia o administración de la
herencia, o que paga los impuestos que gravan la sucesión, salvo que
con ellos tome el título o la cualidad de heredero.

3. Tampoco se entiende aceptada la herencia por el llamado que
renuncia gratuitamente a ella en favor de todas las personas a las
que se defiere la cuota del renunciante.

Artículo 36.--Forma de la repudiación.

La repudiación de la herencia ha de hacerse de forma expresa en
escritura pública o mediante escrito dirigido al Juez competente.

Artículo 37.--Efectos de la repudiación.

A todos los efectos legales, se entenderá que el que repudia la
herencia deferida a su favor no ha sido llamado nunca a ella.

Artículo 38.--Repudiación en perjuicio de acreedores.

1. Si el llamado repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores,
podrán éstos pedir al Juez que les autorice para aceptarla en nombre
de aquél.

2. Concedida la autorización, el único efecto que produce es el de
facultar a los acreedores para hacer efectivos sus créditos sobre el
patrimonio hereditario.

3. El derecho de los acreedores para solicitar la citada
autorización caduca a los cuatro años a contar desde la repudiación.

Artículo 39.--Transmisión del derecho a aceptar o repudiar.

1. Salvo expresa previsión en contrario del disponente, por la
muerte del llamado sin aceptar ni repudiar la herencia se transmite
por ministerio de la ley a sus herederos, en la proporción en que lo
sean, el mismo derecho que él tenía a aceptarla o repudiarla.

2. La transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia del
causante sólo tiene lugar en favor del llamado que acepta la herencia
del transmitente; si son varios los que la aceptan, cada uno puede
ejercitar el derecho transmitido con independencia de los otros y con
derecho preferente de acrecer entre ellos.

3. El usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente se
extenderá a los bienes así adquiridos por los herederos de éste, sin
perjuicio del que, en su caso, previamente corresponda al cónyuge del
primer causante.

CAPITULO V Responsabilidad del heredero
Artículo 40.--Limitación de la responsabilidad del heredero.

1. El heredero, incluido el troncal, responde de las obligaciones
del causante y de los legados y demás cargas hereditarias
exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, aunque
no se haga inventario.

2. Sin embargo, cuando los bienes heredados existentes no sean
suficientes, el heredero responderá con su propio patrimonio del
valor de lo heredado que enajene, consuma o emplee en el pago de
créditos hereditarios no vencidos; así como del valor de la pérdida o
deterioro que, por su culpa o negligencia, se produzca en los bienes
heredados.

Artículo 41.--Cargas hereditarias.

Entre las cargas hereditarias se incluyen los gastos causados por la
última enfermedad del causante, así como los de su funeral y entierro
o incineración, los de conservación y defensa de los bienes de la
herencia causados en interés común y cualesquiera otros de naturaleza
análoga.

Artículo 42.--Separación de patrimonios.

1. La confusión de patrimonios no se produce en daño del heredero ni
de quienes tengan derechos sobre el caudal relicto.

2. La aceptación de la herencia no produce la extinción de los
derechos y créditos del heredero contra la herencia, ni de los de
ésta contra aquél.

Artículo 43.--Embargo de bienes del heredero.

El heredero puede oponerse al embargo de bienes de su propio
patrimonio basado en créditos contra la herencia por la vía de la
tercería de dominio. A la demanda deberá acompañarse necesariamente
un inventario de los bienes relictos recibidos, que podrá ser
impugnado por el acreedor en el mismo procedimiento.

Artículo 44.--Preferencias.

1. Con relación a los bienes del caudal relicto, los acreedores de
la herencia gozan de preferencia sobre los legatarios y ambos sobre
los acreedores personales del heredero.

2. Cuando el heredero deba responder con su patrimonio personal del
valor de lo heredado, los acreedores hereditarios y legatarios
concurrirán sin preferencia con los acreedores particulares del
heredero.

Artículo 45.--Pago de deudas y legados.

1. El heredero pagará a los acreedores del causante a medida que se
presenten, cobrará sus créditos y, finalmente, cumplirá los legados.

2. No obstante, si consta que alguno de los créditos conocidos es
preferente, no se hará el pago sin previa caución a favor del
acreedor de mejor derecho.

Artículo 46.--Formas de pago.

1. El heredero puede pagar las deudas y cargas de la herencia con
los bienes recibidos del caudal relicto o con su propio patrimonio.

2. Si el heredero se excediere del valor de lo heredado en el pago a
los acreedores, éstos no estarán obligados a restituir.

CAPITULO VI Colación y partición
Sección 1.ª Colación
Artículo 47.--Voluntariedad.

1. La colación de liberalidades no procede por ministerio de la ley,
mas puede ordenarse en el título de la propia liberalidad o en pacto
sucesorio o testamento.

2. La obligación de colacionar impuesta podrá ser dispensada
posteriormente por el disponente en testamento o en escritura
pública.

Artículo 48.--Liberalidades no colacionables.

Cuando el causante hubiera dispuesto la colación de las liberalidades
hechas por él, no se entenderán comprendidos, salvo que expresamente
así lo declare, las liberalidades y gastos a que se refiere el
apartado 2 del artículo 174.

Artículo 49.--Práctica de la colación.

1. No han de traerse a colación y partición las mismas cosas
donadas, sino el valor que tuvieran al tiempo de la donación
actualizando su importe al momento en que se evalúen los bienes
hereditarios.

2. El donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya
hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en
cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y
calidad.

3. Si un coheredero, mediante las liberalidades colacionables, ha
recibido más de lo que le correspondería en la partición, no está
obligado a restituir el exceso ni ha de recibir nada en la partición.

Sección 2.ª Partición
Artículo 50.--Derecho a la división.

1. Todo titular de una cuota en una herencia o porción de ella tiene
derecho a promover en cualquier tiempo la división de la comunidad.

2. No obstante, el disponente podrá ordenar que tanto respecto a la
herencia como a bienes concretos de ésta no se proceda a la partición
durante un tiempo determinado, que no podrá exceder de quince años a
contar desde la apertura de la sucesión, o por el tiempo en que los
bienes estén sujetos al usufructo del viudo.

Igualmente, los partícipes podrán convenir unánimemente la indivisión
por un plazo máximo de quince años. En ambos casos, podrá prorrogarse
la indivisión por acuerdo unánime de los partícipes por término que,
cada vez, no sea superior a quince años.

3. Aunque haya prohibición o pacto de indivisión, el Juez puede
autorizar la partición a instancia de cualquier partícipe si concurre
una justa causa sobrevenida.

Artículo 51.--Partición con menores de catorce años o inca-pacitados.

1. En representación de los menores de catorce años o incapacitados,
solicitarán la partición e intervendrán en ella: a) Si están sujetos
a autoridad familiar, incluso prorrogada o rehabilitada, los padres
actuando conjuntamente, o sólo uno de ellos, cuando exista oposición
de intereses del menor o incapacitado con el otro o en defecto de
éste.

b) Si están sujetos a tutela, el tutor, debiendo ser aprobada la
partición por la Junta de Parientes o el Juez.

c) Cuando exista oposición de intereses con ambos padres o con el
tutor, la Junta de Parientes o un defensor judicial, debiendo ser
aprobada la partición por el Juez.

2. No será necesaria la intervención conjunta de ambos padres ni la
aprobación de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partición se
limite a adjudicar proindiviso a los herederos en la proporción en
que lo sean todos los bienes integrantes de la herencia.

Artículo 52.--Partición con mayores de catorce años.

1. Los menores de edad mayores de catorce años pueden solicitar la
partición e intervenir en ella con la asistencia prevista en el
artículo 5 de la Compilación del Derecho Civil.

2. El sometido a curatela, si la sentencia de incapacitación no
dispone otra cosa, puede, asistido por el curador, solicitar la
partición e intervenir en ella. Cuando exista oposición de intereses
con el curador, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes
o un defensor judicial.

Artículo 53.--Partición por el disponente.

1. El causante o su fiduciario pueden hacer la partición de la
herencia o parte de ella, así como establecer normas vinculantes para
su realización, en acto de última voluntad o de ejecución de la
fiducia. También podrán hacerlo en acto entre vivos sin sujeción a
forma determinada, salvo que se refieran a la herencia deferida por
sucesión legal.

2. Si la partición la hace el disponente en el mismo acto de
disposición por causa de muerte, las cláusulas de partición
prevalecen sobre las dispositivas en caso de contradicción. Si la
hace en acto separado, prevalecerán las cláusulas dispositivas salvo
que sean revocables y puedan ser efectivamente revocadas por el acto
de partición.

Sección 3.ª pago de las deudas hereditarias por los coherederos
Artículo 54.--Responsabilidad antes de la partición.

Los acreedores hereditarios, incluido el heredero que también lo sea,
mientras no se realice la partición, habrán de proceder contra todos
los herederos para exigir el pago de las deudas y cargas de la
herencia.

Artículo 55.--Derechos de los acreedores.

1. Los acreedores hereditarios reconocidos como tales podrán
oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta
que se les pague o garantice el importe de sus créditos.

2. Los acreedores de uno o más de los partícipes pueden intervenir a
su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o
perjuicio de sus derechos.

Artículo 56.--Responsabilidad después de la partición.

1. Hecha la partición, los acreedores hereditarios pueden exigir el
pago de cualquiera de los herederos hasta el límite de su
responsabilidad.

2. Igualmente, el coheredero acreedor de la herencia puede también
reclamar de cualquiera de los otros el pago de su crédito, pero
deducida su parte proporcional como tal heredero.

3. El demandado tiene derecho a hacer llamar a sus coherederos para
que intervengan en el proceso, a menos que por disposición del
causante o su fiduciario o a consecuencia de la partición hubiere
quedado él solo obligado al pago de la deuda.

Artículo 57.--Acción de regreso entre coherederos.

El coheredero que hubiese pagado más de lo que le corresponda por su
participación en la herencia, puede reclamar la diferencia
procediendo contra los demás coherederos y, si se ha practicado ya la
partición, puede reclamar a cada uno su parte proporcional hasta el
límite de su respectiva responsabilidad.

CAPITULO VII Consorcio foral
Artículo 58.--Consorcio foral.

1. Salvo previsión en contrario del disponente, desde que varios
hermanos o hijos de hermanos hereden de un ascendiente bienes
inmuebles, queda establecido entre ellos, y en tanto subsista la
indivisión, el llamado "consorcio o fideicomiso foral".

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también a los
inmuebles adquiridos proindiviso por legado o donación.

Artículo 59.--Efectos.

1. Vigente el consorcio foral, sólo son válidos los actos de
disposición, inter vivos o mortis causa, realizados por un consorte
sobre su cuota en el consorcio o en alguno de los bienes que lo
integran cuando se otorguen a favor de sus descendientes, que con
ello adquirirán la condición de consortes, o de otro consorte.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, es embargable
la cuota de un consorte en el consorcio o en alguno de los bienes que
lo integran, sin que pase a formar parte del consorcio el extraño que
la adquiera en el procedimiento de apremio.

3. Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los
demás consortes, que la reciben como procedente del ascendiente que
originó el consorcio. En caso de recobro de liberalidades, el
acrecimiento no se produce respecto de los bienes recobrados.

Artículo 60.--Separación de un consorte.

1. Dejarán de aplicarse los efectos del consorcio al consorte que
declare su voluntad de separarse totalmente del mismo en escritura
pública.

2. La separación deberá comunicarse fehacientemente a los demás
consortes, entre los que continuará el consorcio.

Artículo 61.--Disolución del consorcio.

El consorcio se disuelve por la división del inmueble o inmuebles y
por acuerdo de todos los consortes.

TITULO II De la sucesión paccionada
CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales
Artículo 62.--Validez y forma.

Son válidos los pactos que sobre la propia sucesión se convengan en
escritura pública, así como los que en relación con dicha sucesión
otorguen otras personas en el mismo acto.

Artículo 63.--Capacidad.

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben ser mayores de edad.

Artículo 64.--Carácter personalísimo.

Los otorgantes de un pacto sucesorio sólo pueden formalizarlo
personalmente, no admitiéndose representación.

Artículo 65.--Modalidades.

Los pactos sucesorios pueden ser: a) De disposición mortis causa de
uno o varios contratantes a favor de otro u otros de ellos.

b) De institución recíproca.

c) De disposición mortis causa de los contratantes a favor de tercero
o terceros.

d) De renuncia de uno o varios contratantes a la herencia del otro u
otros.

Artículo 66.--Contenido.

1. Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera estipulaciones
mortis causa a favor de los contratantes, de uno de ellos o de
tercero, a título universal o singular, con las sustituciones,
reservas, fiducias, modalidades, cargas y obligaciones que se
convengan.

2. Además del régimen sucesorio, puede también pactarse en
capitulaciones matrimoniales en consideración a la casa el
establecimiento de una comunidad familiar entre instituyentes e
instituido y sus familiares, regulando los derechos y las
obligaciones de los que la integran.

Artículo 67.--Idioma de los pactos sucesorios.

Los pactos sucesorios podrán redactarse en cualquiera de las lenguas
o modalidades lingüísticas de Aragón que los contratantes elijan. Si
el Notario autorizante no conociera la lengua o modalidad lingüística
elegida, el pacto se otorgará en presencia y con intervención de un
intérprete, no necesariamente oficial, designado por los otorgantes y
aceptado por el Notario, que deberá firmar el documento.

Artículo 68.--Carácter de las donaciones.

1. La donación universal de bienes habidos y por haber equivale a
institución contractual de heredero, salvo pacto en contrario.

2. La donación mortis causa de bienes singulares tendrá el carácter
de pacto sucesorio.

Artículo 69.--Interpretación y normas supletorias.

1. Los pactos sucesorios se interpretarán, de conformidad con el
principio standum est chartae, en los términos en que hayan sido
redactados, atendiendo a la costumbre, usos y observancias del lugar,
a los que deberá estarse cuando el pacto se refiera a determinadas
instituciones consuetudinarias.

2. Como supletorias se aplicarán las normas generales sobre
contratos y disposiciones testamentarias, según la respectiva
naturaleza de las estipulaciones.

CAPITULO II Institución a favor de contratante
Sección 1.ª Disposiciones Generales
Artículo 70.--Aceptación de la herencia o legado.

En la institución a favor de contratante, el consentimiento de éste
implica la aceptación de la herencia o legado. En consecuencia,
fallecido el instituyente, el instituido heredero o legatario no
podrá repudiar la herencia o renunciar al legado.

Artículo 71.--Clases.

1. La institución de heredero o legatario en pacto sucesorio puede
ser: a) "De presente", con transmisión actual de los bienes al
instituido.

b) "Para después de los días" del instituyente y, por lo tanto, sin
transmisión actual de los bienes al instituido.

2. No disponiéndose claramente lo contrario, se entenderá que la
institución es para después de los días.

Artículo 72.--Derecho de transmisión.

1. Salvo lo establecido en el pacto sucesorio, cuando el instituido
premuera al instituyente, transmitirá a sus descendientes los
derechos y obligaciones derivados del pacto y, en su caso, los bienes
adquiridos de presente.

2. Si tales descendientes fueren varios, podrá el instituyente
designar a uno de ellos como heredero en testamento o escritura
pública, o encomendar la designación a fiduciarios, si no lo hubiere
hecho ya el primer favorecido.

3. La institución quedará sin efecto cuando el instituido premuera
al instituyente sin dejar descendientes. En este caso, los bienes
transmitidos de presente que aún subsistan en el patrimonio del
instituido revertirán al instituyente.

Artículo 73.--"Señorío mayor".

La reserva del "señorío mayor" en el heredamiento de casa aragonesa
atribuye al instituyente el usufructo y administración de los bienes,
cuyo producto deberá destinarse al sostenimiento y mejora de la casa.

Sección 2.ª institución de presente
Artículo 74.--Efectos.

1. En la institución de presente de heredero universal, el
instituido adquiere todos los derechos de que sea titular el
instituyente al otorgamiento del pacto, salvo los que se hubiera
reservado.

2. Salvo pacto en contrario, los bienes que el instituyente adquiera
con posterioridad pasarán al instituido en la forma establecida para
la institución para después de los días.

Artículo 75.--Disposición de los bienes entre vivos.

Salvo pacto en contrario, el poder de disposición sobre los bienes
que le hayan sido transmitidos corresponde al instituido, con las
limitaciones establecidas.

Artículo 76.--Responsabilidad de los bienes transmitidos.

Sobre los bienes transmitidos de presente, los acreedores por deudas
contraídas por el instituyente con anterioridad al pacto sucesorio
tienen preferencia respecto de los acreedores del instituido.

Sección 3.ª Institución para después de los días
Artículo 77.--Efectos.

En la institución para después de los días, la adquisición de los
bienes por el instituido sólo se produce una vez fallecido el
instituyente.

Artículo 78.--Disposición de los bienes entre vivos.

1. Salvo pacto en contrario, el instituyente podrá disponer a título
oneroso de los bienes objeto de la institución.

2. Para disponer a título gratuito de los bienes objeto de la
institución, el instituyente necesitará el consentimiento del
instituido. Se exceptúan las liberalidades usuales o de escaso valor.

Artículo 79.--Responsabilidad de los bienes.

Los bienes objeto de la institución para después de los días
responden de las deudas contraídas por el instituyente.

CAPITULO III Institución recíproca
Artículo 80.--Efectos.

1. En la recíproca institución de heredero, o pacto al más viviente,
el sobreviviente hereda los bienes del premuerto, siempre que éste no
tenga descendientes, o todos ellos fallezcan antes de llegar a la
edad para poder testar.

2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que
quedaren al fallecer el último de los otorgantes del pacto sucederán
en los procedentes del primeramente fallecido directamente de éste,
como sustitutos de aquél, salvo estipulación en contrario.

3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el
instituyente supérstite sin haber dispuesto por cualquier título de
los bienes procedentes del primeramente fallecido, se deferirán los
que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión
legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de
estos parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia del
sobreviviente.

4. A la institución recíproca le son aplicables los artículos 77 a
79.

Artículo 81.--Supervivencia de descendientes.

1. Los otorgantes podrán establecer las previsiones que tengan por
conveniente para el caso de que les sobrevivan descendientes, comunes
o no, respetando la legítima de los mismos.

2. A falta de disposición expresa sobre este particular, la
institución no surtirá efecto cuando al momento de la apertura de la
sucesión sobrevivan descendientes del premuerto que no lo sean del
supérstite. Habiendo sólo descendientes comunes, el pacto equivale a
la concesión al sobreviviente de usufructo universal y vitalicio
sobre los bienes del premuerto y de la facultad de distribuir la
herencia.

CAPITULO IV Pacto en favor de tercero
Artículo 82.--Adquisición de la herencia o legado.

En el pacto sucesorio a favor de tercero, no podrá éste aceptar la
herencia o adquirir el legado hasta que, fallecido el instituyente,
no se le defieran.

Artículo 83.--Disposición de los bienes entre vivos.

Salvo que otra cosa se haya pactado, el instituyente podrá disponer
entre vivos de sus bienes, tanto a título oneroso como lucrativo.

CAPITULO V Pactos de renuncia
Artículo 84.--Validez y modalidades.

1. Son válidos los pactos de renuncia o transacción sobre la
herencia futura otorgados entre el renunciante o renunciantes y la
persona o personas de cuya sucesión se trate.

2. Tales pactos pueden referirse a todos los derechos sucesorios o a
parte de ellos, establecerse a título gratuito u oneroso y sujetarse
a condición.

CAPITULO VI Revocación, modificación e ineficacia
Artículo 85.--Modificación y revocación convencional.

1. Las estipulaciones contractuales pueden modificarse o revocarse
mediante pacto sucesorio celebrado por las mismas personas o sus
herederos.

2. Cuando sólo fueran dos los otorgantes del pacto, también podrá
ser modificado o dejado sin efecto por ulterior testamento
mancomunado otorgado por ambos.

Artículo 86.--Revocación unilateral.

1. El disponente sólo puede revocar unilateralmente su disposición
paccionada: a) Por las causas expresamente pactadas.

b) Por incumplimiento grave de las cargas y prestaciones impuestas al
instituido, así como cuando éste, con su conducta, impida la normal
convivencia familiar si ésta hubiera sido pactada.

c) Por haber incurrido el instituido en causa de indignidad o en
situación que, de ser legitimario, implicaría causa de desheredación.

2. La revocación unilateral deberá hacerse en escritura pública.

El Notario la notificará a los demás otorgantes, dentro de los ocho
días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de
la revocación.

3. Si la institución contractual se hubiera inscrito en el Registro
de la Propiedad, su revocación podrá hacerse constar en el mismo una
vez transcurridos tres meses desde el otorgamiento de la escritura.

Artículo 87.--Efectos de la revocación en la institución de presente.

Si no se hubiera convenido otra cosa, la revocación de la institución
de presente produce la reversión al instituyente de los bienes
transmitidos al instituido que éste conserve y de los subrogados en
ellos.

Artículo 88.--Efectos en las estipulaciones recíprocamente
condicionadas.

La nulidad, revocación unilateral o ineficacia de una disposición
hereditaria paccionada lleva aparejada la de aquellas que, en el
mismo documento, se hallen recíprocamente condicionadas.

Artículo 89.--Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.

Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias
pactadas entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de
uno de ellos, estuviera declarada judicialmente la nulidad del
matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en
trámite los procedimientos dirigidos a ese fin.

TITULO III de la sucesión testamentaria
CAPITULO PRIMERO disposiciones generales
Artículo 90.--Voluntad testamentaria.

1. La sucesión testamentaria se rige por la voluntad del disponente
o disponentes manifestada consciente y libremente en testamento
otorgado conforme a la ley. 2. El testamento podrá contener
cualesquiera disposiciones relativas a la ordenación de la sucesión
del testador o testadores.

3. Las disposiciones de carácter no patrimonial que la ley permite
insertar en testamento son válidas si forman parte de un acto
revestido de forma testamentaria, aunque en él no figuren
disposiciones de carácter patrimonial.

Artículo 91.--Tipos de testamento.

1. El testamento puede ser unipersonal o mancomunado. 2. El
testamento unipersonal es el acto unilateral y esencialmente
revocable por el cual una persona ordena, para después de su muerte,
el destino de todos sus bienes o de parte de ellos. 3. El
testamento mancomunado es el acto naturalmente revocable por el cual
dos personas ordenan en un mismo instrumento, para después de su
muerte, con o sin liberalidades mutuas y disposiciones
correspectivas, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.

Artículo 92.--Caracteres comunes.

1. El testamento es acto personalísimo, no susceptible de ser hecho
por medio de representante, si bien las personas capaces de testar
pueden encomendar a fiduciarios que, tras su muerte, ordenen su
sucesión.

2. El testamento es un acto solemne, en cuyo otorgamiento han de
observarse las formalidades previstas en la ley.

Artículo 93.--Capacidad para testar.

1. Pueden testar todas las personas físicas que, al tiempo de
otorgar el testamento, sean mayores de catorce años y no carezcan de
capacidad natural.

2. Pueden otorgar testamento ológrafo quienes sean mayores de edad.

3. La falta de capacidad de testar, general o para una forma
concreta de testamento, en uno de los testadores impide otorgar el
testamento mancomunadamente.

Artículo 94.--Forma de los testamentos.

1. El testamento mancomunado, en tanto sea compatible con los
requisitos establecidos para cada una de ellas, y el unipersonal
pueden revestir cualquier forma, común, especial o excepcional,
admitida por la ley.

2. Basta que concurran en uno de los testadores las circunstancias
requeridas por cualquier forma especial o excepcional de testamento
para que se pueda otorgar mancomunadamente.

Artículo 95.--Testamento mancomunado cerrado.

1. El testamento mancomunado cerrado podrá estar escrito del puño y
letra de uno de los testadores, por cualquier medio mecánico o por
otra persona a ruego de alguno de ellos. El testador que lo hubiera
escrito de su puño y letra bastará con que lo firme al final; los
demás testadores deberán poner su firma en todas sus hojas y al pie
del testamento.

2. Ambos testadores comparecerán ante el Notario y manifestarán de
forma expresa que el sobre que presentan contiene su testamento
mancomunado, expresando también la forma en que se halla escrito y
firmado.

3. Autorizado el testamento mancomunado cerrado, se depositará en
poder del Notario autorizante para que lo guarde en su archivo, de
donde sólo podrá ser retirado por ambos testadores.

Artículo 96.--Testamento mancomunado ológrafo.

1. El testamento ológrafo mancomunado basta que esté escrito todo él
por uno de los testadores, con expresión del año, mes y día, y que el
otro declare también por escrito de su puño y letra, antes de las
firmas de ambos, que valga igualmente como testamento suyo y firme en
todas sus hojas y al pie del mismo.

2. A la muerte del primero de los testadores que fallezca, se
adverará y protocolizará el testamento mancomunado ológrafo con la
necesaria participación del otro otorgante que sobreviviese.

Artículo 97.--Idioma del testamento.

1. Los testamentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las
lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los testadores
elijan. Si el autorizante o, en su caso, los testigos o demás
personas intervinientes en el otorgamiento no conocieran la lengua o
modalidad lingüística elegida, el testamento se otorgará en presencia
y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial,
designado por los testadores y aceptado por el autorizante, quien
deberá firmar el documento.

2. Igualmente, los testamentos cerrados y los ológrafos podrán
otorgarse en cualquier lengua o modalidad lingüística de Aragón.

Artículo 98.--Testigos en el testamento notarial.

1. En el testamento notarial otorgado en Aragón no será precisa la
intervención de testigos, salvo que concurran circunstancias
especiales en un testador o que expresamente lo requieran uno de los
testadores o el Notario autorizante. 2. Se considera que concurren
circunstancias especiales en un testador cuando éste declara que no
sabe o no puede firmar el testamento y cuando, aunque pueda firmar,
sea ciego o declare que no sabe o no puede leerlo por sí. Si el
testador que no sabe o no puede leer es enteramente sordo, los
testigos leerán el testamento en presencia del Notario y deberán
declarar que coincide con la voluntad manifestada.

Artículo 99.--Número y capacidad de los testigos.

1. En todos los casos en que sea necesaria la intervención de
testigos, serán dos, deberán entender al testador o testadores y al
Notario o persona ante quien se otorgue el testamento y deberán saber
firmar.

2. No será necesario que sean rogados ni que conozcan al testador ni
que tengan su misma residencia.

Artículo 100.--Incapacidad para ser testigo.

1. No pueden ser testigos en los testamentos: a) Los menores de
catorce años y los demás incapaces para testar.

b) Los totalmente sordos o ciegos y los mudos que no puedan escribir.

c) Los favorecidos por el testamento. d) El cónyuge y los parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del
heredero instituido o del legatario designado y del Notario o persona
ante quien se otorguen.

2. Estas prohibiciones se aplican también a los facultativos,
intérpretes y expertos que intervengan en el testamento.

Artículo 101.--Interpretación del testamento.

1. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido
literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue
otra la voluntad del testador o, si el testamento fuera mancomunado,
la común de ambos testadores. En caso de duda, se observará lo que
aparezca más conforme a la intención del testador o testadores según
el tenor del mismo testamento.

2. Las cláusulas ambiguas u oscuras se interpretarán en sentido
favorable a su eficacia, comparando unas con otras, y de existir
contradicción irreductible no será válida ninguna de las que pugnen
sustancialmente entre ellas. Las disposiciones ininteligibles se
considerarán no formuladas. 3. En los casos de duda, la
interpretación se realizará en sentido favorable al heredero
instituido y las disposiciones que impongan cualquier carga se
interpretarán restrictivamente. 4. En la interpretación de las
disposiciones correspectivas del testamento mancomunado deberá
integrarse lo dispuesto en este artículo con las normas de
interpretación de los contratos.

CAPITULO II Testamento mancomunado
Artículo 102.--Testadores.

1. Los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, pueden testar de
mancomún, aun fuera de Aragón.

2. Si uno de los dos testadores es aragonés y el otro no lo tiene
prohibido por su ley personal, pueden testar mancomunadamente,
incluso fuera de Aragón.

Artículo 103.--Apertura de la sucesión.

Al morir el primero de los testadores se abre su sucesión y producen
sus efectos las disposiciones del testamento mancomunado reguladoras
de la misma. Los interesados en su sucesión tendrán derecho a copia
del testamento, que sin embargo no podrá incluir las disposiciones
que sólo afecten a la sucesión del otro testador.

Artículo 104.--Institución recíproca entre otorgantes.

1. Si los testadores no establecen los efectos del "pacto al más
viviente", las disposiciones sucesorias recíprocas entre ellos
producirán los que les son propios, sin perjuicio, en su caso, de los
derechos legitimarios.

2. Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que
quedaren al fallecer el último de los testadores sucederán en los
procedentes del primeramente fallecido directamente de éste, como
sustitutos de aquél, salvo previsión contraria en el testamento.

3. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el
testador supérstite sin haber dispuesto por título alguno de los
bienes procedentes del primeramente fallecido, pasarán los que de
ellos quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la
sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A
falta de estos parientes, tales bienes quedarán integrados en la
herencia del sobreviviente.

Artículo 105.--Disposiciones correspectivas.

1. Son correspectivas entre sí las disposiciones de contenido
patrimonial de uno y otro testador cuya eficacia, por voluntad
declarada por ambos en un mismo testamento o contrato sucesorio,
estuviera recíprocamente condicionada, sean en beneficio mutuo o de
tercero. La correspectividad no se presume.

2. La nulidad o anulación de una disposición produce la ineficacia
total de la correspectiva. Sin embargo, la ineficacia sobrevenida de
una disposición no produce la de su corres- pectiva, que dejará de
tener ese carácter.

Artículo 106.--Revocación.

1. El testamento mancomunado puede ser revocado o modificado por
ambos testadores en un mismo acto u otorgamiento.

2. También puede cada testador revocar o modificar unilateralmente
sus propias disposiciones no correspecti- vas.

3. La revocación o modificación unilateral de disposiciones
correspectivas sólo podrá hacerla un testador en vida del otro o,
después, si concurre alguna causa de las que posibilitan la
revocación unilateral de los pactos sucesorios, y producirá la
ineficacia total de las disposiciones correspectivas del otro.

Todo ello salvo que en el testamento o en el contrato sucesorio se
prevea otra cosa.

4. Toda revocación o modificación unilateral en vida del otro
testador deberá hacerse en testamento abierto ante Notario. El
otorgante hará saber al Notario la existencia del anterior testamento
y el domicilio del otro otorgante, a quien el Notario notificará,
dentro de los ocho días hábiles siguientes, el mero hecho del nuevo
otorgamiento. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar, la falta de esas manifestaciones del otorgante o de la
notificación no afectará a la eficacia de la revocación o
modificación.

Artículo 107.--Disposición de bienes entre vivos.

1. Aunque el testamento mancomunado contuviere cláusula en
contrario, cada uno de los testadores podrá disponer entre vivos de
sus bienes, a título oneroso o gratuito, aun después del
fallecimiento del otro, con las únicas excepciones y modalidades
contenidas en los apartados siguientes.

2. En vida de ambos otorgantes, la disposición de bienes
comprendidos en una disposición correspectiva que implique su
revocación o modificación sustancial produce la ineficacia total de
la correspectiva del otro.

3. Muerto un otorgante, podrá el otro disponer de los bienes
comprendidos en una disposición correspectiva. Si lo hiciera por
título lucrativo, la persona a quien el testamento atribuía dichos
bienes podrá, una vez fallecido el disponente, pedir a los donatarios
o sus herederos su valor actualizado. Y si la disposición fuera
onerosa y supusiera la ineficacia de la disposición correspectiva,
podrá, de igual forma, reclamar el valor actualizado, en este caso de
los herederos del disponente.

Estos derechos caducan en el plazo de dos años contados desde el
fallecimiento del disponente.

CAPITULO III Invalidez e ineficacia de los testamentos
Sección 1.ª Nulidad y anulabilidad
Artículo 108.--Invalidez del testamento.

1. Son nulos: a) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan
observado los requisitos esenciales prescritos por la ley para los
testadores, el contenido o la forma del testamento otorgado.

b) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los
restantes requisitos y formalidades requeridos por la ley. No
obstante, la falta de expresión de la hora del testamento no anulará
éste si el testador no otorgó ningún otro en aquella fecha. Tampoco
lo anulará la falta de indicación en el testamento de que se ha
cumplido alguno de sus requisitos y formalidades cuando pueda
demostrarse que efectivamente fue cumplido.

2. Son anulables los testamentos que, aun reuniendo los requisitos y
formalidades legales, hayan sido otorgados por persona con la edad
requerida para testar y no incapacitada judicialmente para ello pero
que carezca de capacidad natural y los otorgados con engaño,
violencia o intimidación grave.

Artículo 109.--Invalidez de la disposición testamentaria.

1. Es nula la disposición testamentaria esencialmente determinada
por un motivo contrario a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres.

2. Será anulable la disposición testamentaria que haya sido otorgada
con error en la persona o en el objeto, con engaño, violencia o
intimidación grave y en los casos en que resulte que se ha otorgado
por error, de hecho o de derecho, en los motivos si del testamento
resulta que el testador no la habría otorgado de haber conocido el
error.

3. La nulidad, anulación, revocación o ineficacia de una disposición
testamentaria no afectará a la validez o eficacia de las demás, a no
ser otra la voluntad del testador. Queda a salvo lo dispuesto sobre
las disposiciones correspectivas del testamento mancomunado.

Artículo 110.--Error en la indicación de la persona o de los bienes.

Si el testador hubiera indicado erróneamente la persona del heredero
o del legatario, o los bienes que son objeto de la disposición, pero
de la interpretación del testamento fuera posible concluir a qué
persona o bienes pretendía referirse, la disposición vale
relativamente a esta persona o a estos bienes.

Artículo 111.--Acción de nulidad.

1. La nulidad del testamento contemplada en la letra a) del apartado
1 del artículo 108 es imprescriptible, sin perjuicio de la aplicación
de las reglas de la usucapión con relación a cada una de las cosas
poseídas.

2. La acción de nulidad del testamento a la que se refiere la letra
b) del apartado 1 del artículo 108, o de alguna de sus disposiciones,
prescribe a los quince años a contar desde el fallecimiento del
testador.

Artículo 112.--Acción de anulabilidad.

Siendo anulable el testamento o cualquiera de sus disposiciones, la
acción prescribe a los cuatro años a contar desde el fallecimiento
del testador.

Artículo 113.--Límites en el ejercicio de la acción.

No puede ejercitar las correspondientes acciones quien, conociendo la
causa de nulidad o anulabilidad del testamento o de cualquiera de sus
disposiciones, le ha dado voluntaria ejecución o ha renunciado a la
acción.

Artículo 114.--Inadmisibilidad de la prohibición de impugnar.

El testador no puede prohibir que sea impugnado su testamento en los
casos en que concurra causa de nulidad o anulabilidad.

Artículo 115.--Conversión del testamento nulo.

1. El testamento nulo por defecto de forma será válido si reúne los
requisitos formales de otra clase de testamento.

2. El testamento mancomunado nulo por causa que afecte sólo a uno de
los otorgantes vale como testamento unipersonal del otro si cumple
los requisitos propios de su clase.

Sección 2.ª Revocación e ineficacia
Artículo 116.--Facultad de revocación.

1. Las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables.
Queda a salvo lo establecido para las correspectivas del testamento
mancomunado.

2. El testador no puede renunciar la facultad de revocar, en todo o
en parte, su testamento.

3. Se tendrá por no escrita cualquier cláusula que contraríe la
facultad de revocación, como la derogatoria de disposiciones futuras
o aquélla en que ordene el testador que no valga la revocación del
testamento si no lo hiciere con ciertas palabras o señales. 4. La
revocación de un testamento no afectará a la validez y eficacia, en
su caso, del reconocimiento de hijos no matrimoniales.

Artículo 117.--Revocación.

El testamento anterior queda revocado por el pacto sucesorio o
testamento posteriores perfectos, salvo que del contenido de éstos se
infiera la subsistencia del anterior testamento en todo o en parte.
Se presume la subsistencia cuando el pacto sucesorio o testamento no
tienen contenido patrimonial o éste se limita a sólo una parte del
caudal hereditario.

Artículo 118.--Revocación e ineficacia del pacto o testamento
revocatorio.

1. La revocación produce su efecto aunque el pacto o testamento
revocatorio sea a su vez revocado o pierda luego su eficacia por
cualquier causa.

2. El testamento anterior recobra, no obstante, su fuerza si el
testador, al revocar el pacto o testamento posterior, declara ser su
voluntad que revivan las disposiciones del primero o si se limita a
revocar un testamento meramente revocatorio del anterior.

Artículo 119.--Otorgamientos en el mismo día.

1. Si aparecieren dos testamentos de la misma fecha, sin que sea
posible determinar cuál es posterior, se tendrán por no escritas en
ambos las disposiciones contradictorias de uno y otro.

2. Si aparecieren un pacto y un testamento de la misma fecha, sin
que sea posible determinar cuál es posterior, prevalecerán las
disposiciones contradictorias del pacto sobre las del testamento.

Artículo 120.--Inutilización del testamento cerrado.

1. Se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el
domicilio del testador con las cubiertas rotas o los sellos
quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo
autoricen. 2. Este testamento será, sin embargo, válido cuando se
probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento
del testador, o hallándose éste en estado de demencia; pero si
aparecieren rota la cubierta o quebrantados los sellos, será
necesario probar además la autenticidad del testamento para su
validez.

3. Si el testamento se encontrare en poder de otra persona, se
entenderá que el vicio procede de ella y no será aquél válido como no
se pruebe su autenticidad, si estuvieren rota la cubierta o
quebrantados los sellos; y si una y otros se hallaren íntegros, pero
con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, será válido el
testamento, como no se justifique haber sido entregado el pliego en
esta forma por el mismo testador.

Artículo 121.--Inutilización del testamento ológrafo.

El testamento ológrafo se presume revocado si aparece rasgado o
inutilizado, o aparecen borradas, raspadas o enmendadas sin salvar
las firmas que lo autoricen, salvo que se pruebe que los citados
hechos ocurrieron sin la voluntad o sin el conocimiento de alguno de
los testadores o que han sido llevados a cabo por el testador en
estado de enfermedad mental.

Artículo 122.--Supuestos de ineficacia.

La institución de heredero y el nombramiento de legatario devienen
ineficaces, a falta de sustitución voluntaria o derecho de acrecer,
entre otros, en los siguientes casos: a) Si el instituido o nombrado
fallece antes que el testador, salvo que haya sustitución legal.

b) Si la institución o el nombramiento estuvieran sujetos a condición
suspensiva y el sucesor falleciere antes de que la condición se
cumpla.

c) Si el instituido o nombrado se torna incapaz de adquirir la
herencia o el legado, salvo que haya sustitución legal.

d) Si el llamado a suceder repudia la herencia o el legado.

Artículo 123.--Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.

Salvo que del testamento resulte que la voluntad del testador o
testadores fue otra, no surtirán efecto las disposiciones
correspectivas entre los cónyuges, ni las liberalidades concedidas en
testamento por uno de ellos al otro, si al fallecer aquél estuviera
declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el
divorcio o la separación o se encontraran en trámite los
procedimientos dirigidos a ese fin.

TITULO IV De la fiducia sucesoria
CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales
Artículo 124.--Comitente.

Todo aragonés capaz para testar puede nombrar uno o varios
fiduciarios para que ordenen su sucesión actuando individual,
conjunta o sucesivamente. Nombrados varios sin señalar cómo deben
actuar, se entenderá que el llamamiento es conjunto.

Artículo 125.--Fiduciarios.

1. El fiduciario habrá de ser mayor de edad y tener plena capacidad
de obrar en el momento del fallecimiento del causante.

2. Salvo disposición del comitente, no surtirá efecto el
nombramiento del cónyuge como fiduciario si al fallecimiento de aquél
estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio,
decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite los
procedimientos dirigidos a ese fin.

3. El cargo es voluntario y gratuito, salvo que el causante hubiese
previsto que fuera retribuido; las facultades del fiduciario se
entenderá que tienen carácter personalísimo.

Artículo 126.--Subsidiariedad.

Salvo expresa autorización del comitente, el fiduciario, cualquiera
que sea la forma en que haya sido designado, no podrá modificar las
disposiciones sucesorias del causante, sean anteriores o posteriores
a su nombramiento.

Artículo 127.--Forma del nombramiento.

La designación de fiduciario y las instrucciones del comitente, si
las hubiere, sobre ejecución de la fiducia, o administración y
disposición de los bienes sujetos a ella, deberán constar
necesariamente en testamento o escritura pública.

Artículo 128.--Revocación del nombramiento.

1. El nombramiento de fiduciario, con independencia de la forma en
que se haya efectuado, podrá ser revocado por el causante en
testamento o escritura pública.

2. El nombramiento de nuevo fiduciario producirá la revocación de
los anteriormente designados, a no ser que resulte clara la voluntad
del causante de que actúen conjunta o sucesivamente.

Artículo 129.--Plazo.

1. El fiduciario deberá cumplir su encargo en el plazo que
expresamente le haya señalado el comitente.

2. A falta de señalamiento expreso, la fiducia deberá ejecutarse
dentro del plazo de tres años, pero si el único fiduciario es el
cónyuge del comitente, su nombramiento se entenderá hecho de por
vida.

3. En los casos en que el llamamiento deba reiterarse y haya
caducado el plazo, el fiduciario deberá ejecutar su encargo en un
nuevo plazo de dos años.

4. Los plazos que establece este artículo son de caducidad.

Artículo 130.--Cómputo del plazo.

Los plazos expresados en el artículo anterior se computarán: a) Desde
el fallecimiento del causante. Si al fallecimiento del causante
existen legitimarios de grado preferente menores de edad, el plazo de
ejecución de la fiducia no finalizará hasta que transcurran tres años
desde que alcancen la mayoría de edad todos ellos.

b) En las fiducias sucesivas, desde que legalmente sea posible su
ejecución.

c) En el caso de reiteración del llamamiento, desde que el anterior
resulte ineficaz.

Artículo 131.--Prórroga del plazo.

En todo caso, los fiduciarios podrán solicitar antes de que caduque
al Juez la prórroga del plazo establecido, quien, previa audiencia
del Ministerio Fiscal, podrá concederla, mediando justa causa, hasta
un máximo de dos años.

Artículo 132.--Reducción del plazo.

Salvo que el único fiduciario fuera el cónyuge viudo, cualquier
persona con interés legítimo puede solicitar del Juez que, previa
audiencia del Ministerio Fiscal, señale un plazo más breve del que en
principio corresponda, si la situación de pendencia pudiera producir
graves daños al patrimonio hereditario.

Artículo 133.--Delación.

1. A todos los efectos legales, la delación de la herencia no se
entenderá producida hasta el momento de la ejecución de la fiducia o
de su extinción.

2. Mientras no se defiera la herencia, se considerará en situación
de herencia yacente, y su administración y representación se regirá
por lo establecido en el capítulo siguiente.

CAPITULO II La herencia pendiente de asignación
Artículo 134.--Administrador y representante.

1. Pendiente de ejecución la fiducia, la administración y
representación del patrimonio hereditario corresponderá: 1.º Al
cónyuge viudo sobre todos los bienes y derechos del premuerto,
mientras tenga la condición de administrador de la comunidad
conyugal, o, en otro caso, sólo sobre los bienes afectos al usufructo
de viudedad.

2.º Al fiduciario o fiduciarios.

2. En las fiducias colectivas, la administración del patrimonio
pendiente de asignación sólo corresponderá a los fiduciarios si el
causante no hubiera designado un administrador.

Artículo 135.--Inventario.

1. En el plazo fijado por el comitente o, en su defecto, dentro de
los seis meses siguientes a su fallecimiento, el administrador deberá
formalizar en escritura pública un inventario comprensivo de todos
los bienes, derechos, cargas y obligaciones de la sucesión.

2. Mediando causa justificada, el administrador podrá solicitar del
Juez una prórroga para su realización.

3. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al
cónyuge, éste quedará exonerado de la obligación de realizar el
inventario, salvo que expresamente lo haya exigido el causante o lo
acuerde el Juez a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar
el patrimonio hereditario.

4. Transcurrido el plazo para realizar el inventario sin que el
administrador lo haya formalizado, cualquiera de los parientes del
causante dentro del cuarto grado, o cualquier otro interesado en la
herencia, podrá solicitar del Juez que le requiera para que lo
formalice. El Juez, previa audiencia del administrador, le concederá
un nuevo plazo por el tiempo que estime oportuno, con apercibimiento
de que, si no lo hace, lo realizará a su costa un tercero designado
judicialmente, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera
incurrir.

Artículo 136.--Obligaciones y cargas.

Se pagarán con cargo al caudal relicto: a) Los alimentos debidos a
los hijos y descendientes del cau- sante cuando esta obligación no
corresponda a otras personas.

b) Las cargas y deudas de la herencia.

c) Los gastos de conservación de los bienes, los tributos, primas de
seguro u otros gastos a que se hallen afectos aquéllos así como las
obligaciones contraídas por el administrador en la gestión de los
negocios del causante o que se deriven de su explotación, en cuanto
no hayan de ser satisfechos por el cónyuge usufructuario.

Artículo 137.--Contenido de la administración y representación.

1. El administrador satisfará las obligaciones y cargas a que se
refiere el artículo anterior, gestionará los negocios que formen
parte del caudal, podrá cobrar créditos vencidos y consentir la
cancelación de las fianzas y derechos que los garanticen y realizar
cualesquiera otros actos propios de todo administrador, así como
ejercer las facultades de gestión que el causante le haya podido
atribuir.

2. En el ámbito procesal, el administrador estará legitimado activa
y pasivamente respecto de cualesquiera acciones referidas al
patrimonio hereditario.

Artículo 138.--Facultades de disposición.

1. El fiduciario podrá disponer a título oneroso de los bienes o
derechos hereditarios sujetos a fiducia si el comitente le hubiera
autorizado para ello, o para atender el pago de las obligaciones y
cargas señaladas en el artículo 136, o cuando lo juzgue conveniente
para sustituirlos por otros. En las fiducias colectivas, a falta de
instrucciones del causante, el acuerdo sobre la disposición se tomará
por unanimidad.

2. La contraprestación obtenida quedará subrogada en lugar de los
bienes enajenados, salvo que se haya destinado al pago de las deudas
y cargas del caudal pendiente de asignación.

3. El fiduciario o fiduciarios no administradores darán cuenta al
administrador de toda enajenación que hayan realizado y, en su caso,
de los bienes adquiridos que han sustituido a los enajenados.

Artículo 139.--Disposición habiendo legitimarios.

Si existen legitimarios, para la eficacia de los actos de disposición
de los inmuebles por naturaleza y de los muebles como sitios a que se
refiere el artículo 39 de la Compilación del Derecho Civil será
necesaria la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena
capacidad de obrar y, siendo todos los legitimarios menores o
incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente.

Artículo 140.--Facultades de liquidación.

El fiduciario podrá solicitar la liquidación de la comunidad conyugal
disuelta.

CAPITULO III Ejecución de la fiducia
Artículo 141.--Forma.

1. La fiducia deberá ejecutarse necesariamente por acto inter vivos
formalizado en escritura pública.

2. Cuando se haya designado como único fiduciario al cónyuge, éste
podrá cumplir su encargo también en testamento, salvo disposición
contraria del causante o que la fiducia se haya sometido a plazo.

Artículo 142.--Modo de actuar.

1. Salvo disposición en contra del comitente, cuando en el momento
de ejecutar la fiducia existan descendientes suyos, el fiduciario
habrá de ordenar la sucesión exclusivamente a favor de alguno o
algunos de ellos, con la misma libertad con que podría hacerlo el
causante.

2. El fiduciario podrá hacer uso total o parcial, y aun en tiempos
distintos, de sus facultades, a menos que el causante hubiere
dispuesto otra cosa.

3. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al
cónyuge, éste, en uso parcial de la fiducia, podrá atribuir bienes
pertenecientes a la disuelta comunidad conyugal con el causante, sin
necesidad de practicar su previa liquidación.

Artículo 143.--Eficacia.

1. Los actos inter vivos que en ejecución de la fiducia realicen los
fiduciarios serán irrevocables.

2. No obstante, podrá reiterarse el llamamiento si resulta ineficaz
la atribución porque los beneficiarios llamados no quieran o no
puedan aceptarla, o porque sea declarada nula.

3. Los actos de ejecución de la fiducia en forma testamentaria son
siempre revocables y no impiden la eficacia de los actos de
disposición realizados por el viudo fiduciario con posterioridad.

Artículo 144.--Integrantes de la fiducia colectiva.

1. De la fiducia colectiva formará parte también el cónyuge viudo si
el comitente no lo ha excluido expresamente y existen solamente
descendientes comunes.

2. Establecida la fiducia a favor de parientes, en defecto de
instrucciones del comitente o para completarlas, se entenderán
llamados, hasta un número de tres, los que tengan capacidad para ser
fiduciarios, con el siguiente orden de prelación: 1.º Ascendientes
más próximos del causante de menor edad de una u otra línea.

2.º Hermanos que hayan convivido familiarmente con el causante, con
preferencia del mayor sobre el menor.

3.º Los colaterales que dentro del cuarto grado nombre el Juez, oído
el Ministerio Fiscal.

Artículo 145.--Ejecución de la fiducia colectiva.

1. A falta de instrucciones del causante, los acuerdos sobre
ejecución total o parcial de la fiducia se tomarán por mayoría de los
fiduciarios en acto al que habrán de ser convocados todos ellos.

2. Al otorgamiento de la escritura pública concurrirán todos los
fiduciarios. No obstante, bastará con que concurra la mayoría de
ellos si los comparecientes manifiestan bajo su responsabilidad que
la decisión se adoptó tras deliberación a la que fueron convocados la
totalidad de los fiduciarios.

Artículo 146.--Sucesión de la casa.

1. En los supuestos de que la casa o un patrimonio deban deferirse a
un solo heredero, sin determinación de normas para su nombramiento o
cuando resulten de imposible cumplimiento, la elección deberá
efectuarse por el cónyuge sobreviviente, y, en su defecto o cuando
éste hubiere fallecido sin realizarla, por las personas llamadas a
integrar la fiducia colectiva conforme al artículo 144.

2. La elección deberá recaer en uno de los hijos o descendientes del
causante y, en su defecto, en uno de los parientes de éste con
preferencia de los comprendidos hasta el cuarto grado.

CAPITULO IV extinción
Artículo 147.--Pérdida de la condición de fiduciario.

La condición de fiduciario se pierde: a) Por las causas establecidas
por el causante.

b) Por expirar el plazo establecido para su ejecución.

c) Cuando el fiduciario fallezca, sea declarado ausente o fallecido,
privado de la plena administración de sus bienes o incapacitado
judicialmente.

d) Por renuncia del fiduciario. Se considerará que renuncian a su
condición de fiduciarios los que requeridos notarial o judicialmente
por cualquier persona con interés legítimo no la aceptaren pura y
simplemente en igual forma en los sesenta días naturales siguientes a
la notificación.

e) Cuando el cónyuge viudo fiduciario contraiga nuevas nupcias o
lleve vida marital de hecho, salvo que el comitente hubiera dispuesto
expresamente otra cosa.

f) Por incurrir el fiduciario, para con el causante o sus
descendientes, en alguna de las causas legales de desheredación o
indignidad para suceder.

Artículo 148.--Extinción de la fiducia.

1. En la fiducia individual, la pérdida de la condición de
fiduciario producirá la extinción de la misma, salvo que proceda el
llamamiento de otro fiduciario en los casos de fiducia sucesiva. En
todo caso, conservarán su eficacia los actos ya efectuados con
anterioridad por el fiduciario, salvo los de disposición que el
cónyuge viudo fiduciario hubiere efectuado en su testamento en los
casos de las letras e) y f) del artículo anterior. 2. Cuando los
fiduciarios sean varios, la pérdida de tal condición por alguno de
ellos, una vez agotada la posibilidad de designación en el supuesto
contemplado en el apartado 2 del artículo 144, no impedirá el
cumplimiento del encargo por los restantes, aunque sólo quede uno,
salvo que sea el cónyuge no designado por el comitente o que éste
haya dispuesto otra cosa.

TITULO V Normas comunes a las sucesiones voluntarias
CAPITULO PRIMERO Designación de sucesor
Artículo 149.--Sucesión voluntaria.

1. Quien no tenga legitimarios puede disponer, por pacto o
testamento, de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de
cualquier persona que tenga capacidad para suceder.

2. El que tenga legitimarios sólo puede disponer de sus bienes con
las limitaciones que se establecen en esta Ley.

3. La reserva de bienes no tendrá lugar sino cuando aparezca
previamente determinada en testamento abierto u otra escritura
pública.

Artículo 150.--No exigencia de la institución de heredero.

1. El pacto sucesorio y el testamento serán válidos aunque no
contengan institución de heredero, o ésta no comprenda la totalidad
de los bienes. También lo serán aunque el instituido sea incapaz de
heredar o no acepte la herencia.

2. En estos casos se cumplirán las disposiciones paccionadas o
testamentarias hechas con arreglo a las leyes, y el remanente de los
bienes se deferirá a los herederos legales, abriéndose para ellos la
sucesión legal.

Artículo 151.--Nombramiento de heredero.

1. Tendrá la consideración de heredero el nombrado para suceder, en
todo o en parte, en las relaciones patrimoniales y personales del
causante que no se extingan por su muerte, cualquiera que sea la
denominación que éste le haya dado y tanto si ha sido llamado a la
totalidad o a una cuota del caudal como a uno o varios bienes
determinados.

2. Los designados sucesores por causa de muerte que no sean
herederos tendrán la consideración de legatarios.

3. El llamado a una cuota de la herencia será considerado heredero y
el llamado a cosa determinada, legatario, salvo que resulte que otra
es la voluntad del causante.

Artículo 152.--Heredero "ex re certa".

1. Si es voluntad del disponente que el instituido en cosa cierta y
determinada sea heredero, responderá de las obligaciones y cargas
hereditarias en proporción al valor de lo así recibido; pero no
tendrá derecho de acrecer.

2. Si toda la herencia ha sido distribuida entre herederos
instituidos en cosa cierta y determinada, sucederán en los bienes de
nueva aparición en proporción al valor de lo recibido por cada uno.

3. El instituido en el derecho de usufructo de la herencia, o de una
parte o cuota de ella, cuando la voluntad del disponente es que sea
heredero, tiene la consideración de heredero ex re certa.

Artículo 153.--Legado de parte alícuota.

Si es voluntad del disponente que el llamado a parte alícuota de la
herencia sea legatario, no será deudor de las obligaciones y cargas
de la herencia y concurrirá a la partición con el heredero, pero
cuando no sea legitimario sólo tendrá derecho a percibir el valor de
lo legado en bienes del activo hereditario líquido si el heredero no
opta por pagarlo en dinero, aunque no lo haya en la herencia.

Artículo 154.--Distribución de toda la herencia en legados.

1. Si la voluntad del disponente ha sido distribuir toda la herencia
en legados, se prorratearán las deudas y cargas entre los legatarios
en proporción a sus cuotas, a no ser que se hubiera previsto otra
cosa.

2. La responsabilidad de los legatarios se mantendrá por la parte
que proporcionalmente se derive de sus cuotas aunque concurran con
herederos legales sobrevenidos por la aparición de nuevos bienes.

Artículo 155.--Certeza de la designación.

Se tendrá por no puesta toda disposición paccionada o testamentaria
en favor de persona incierta, a menos que por algún evento pueda
resultar cierta.

Artículo 156.--Motivación de la disposición.

La expresión en el pacto o testamento de los motivos de una
disposición no afectará a su eficacia, a no ser que, siendo falsos o
ilícitos, resultara del propio título sucesorio que han sido
esencialmente determinantes de la disposición.

Artículo 157.--Concurrencia de designados.

En el llamamiento sucesorio a varias personas, salvo que otra cosa
resulte del mismo, se aplicarán las siguientes reglas: a) Los
sucesores designados simultáneamente sin atribución de partes se
entienden llamados por partes iguales. Por excepción, si se llama a
los hermanos del causante sin hacerlo nominalmente, los de padre y
madre toman doble porción que los medio hermanos.

b) Si se llama simultáneamente a varias personas, a unas individual y
a otras colectivamente, se entiende que éstas lo son también
individualmente.

c) Los designados conjuntamente se entienden llamados simultánea y no
sucesivamente. Asimismo, cuando sean llamados a una sucesión una
persona y sus hijos, se entienden todos instituidos simultánea y no
sucesivamente.

d) Cuando se designa a los "hijos", "descendientes" o "hijos y
descendientes" del causante o de otra persona, se entienden llamados
en primer término los hijos, sustituidos por sus estirpes de
descendientes conforme a las reglas de la sustitución legal.

e) Cuando se llama a un determinado grupo de parientes, como "hijos"
o "hermanos", sean del causante o de otra persona, se entienden
comprendidos los matrimoniales, no matrimoniales y adoptivos que
vivan o estén concebidos al tiempo en que se defiera la herencia.

Artículo 158.--Disposición a favor del alma o a favor de los pobres.

1. Los bienes objeto de disposición para sufragios y obras pías,
cuando se haya hecho indeterminadamente y sin especificar su
aplicación, se ofrecerán por los albaceas a las instituciones
beneficiarias y si alguna no los quisiera recibir en especie, se
venderán por aquéllos, que entregarán la mitad del importe a la
Iglesia o confesión religiosa legalmente reconocida a la que
pertenecía el causante, para que los destine a los indicados
sufragios y para atender sus necesidades, y la otra mitad a la
Diputación General de Aragón para fines benéficos de la población o
comarca correspondiente al domicilio del difunto o de alcance más
general. Si el disponente pertenecía a una Confesión religiosa no
reconocida legalmente, la mitad que le habría correspondido acrecerá
a la Diputación Gene- ral.

2. En la disposición a favor de los pobres en general o para obras
asistenciales, la Diputación General de Aragón destinará los bienes,
o el importe de su venta, a entidades asistenciales preferentemente
de la población o comarca del domicilio del disponente.

Artículo 159.--Disposición a favor de parientes o herederos.

1. Si no resulta otra cosa del pacto o testamento, la disposición a
favor de parientes del disponente o de un tercero sin determinación
de quiénes sean, se considerará hecha a favor de los que serían
llamados por ley a suceder en el momento de la delación y en la
proporción resultante de las reglas de la sucesión legal, pero sin
limitación de grado y excluyendo al cónyuge.

2. Si para designar a los sucesores se utilizan expresiones como los
"herederos", "herederos legales", "herederos legítimos" u otras
semejantes, ya lo sean del causante o de otra persona, en defecto de
previsiones en el título sucesorio, se entenderán llamados quienes
deban heredar según las reglas de la sucesión legal.

Artículo 160.--Prohibiciones de adquirir por causa de muerte.

1. Es nula la disposición por causa de muerte a favor de las
siguientes personas: a) El Notario autorizante del acto, o las
personas ante las que se otorgan los testamentos especiales, y su
cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado.

b) Los testigos, facultativos, expertos e intérpretes que intervengan
en el otorgamiento del pacto o testamento.

c) La persona que escribe el testamento cerrado a ruego del testador.

d) El tutor o curador del disponente, salvo cuando se haya hecho
después de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que
no hubiesen que rendirse éstas, después de la extinción de la tutela
o curatela. Es, sin embargo, válida la disposición a su favor cuando
se trate de ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge del
disponente.

2. Abierta la sucesión, los efectos retroactivos, el deber de
restitución y la caducidad de la acción declarativa de la incapacidad
relativa del heredero o legatario a quien se haya deferido la
herencia, se rigen por las normas de la indignidad.

Artículo 161.--Condiciones válidas.

Son válidas todas las condiciones que no sean imposibles o contrarias
a las leyes o las buenas costumbres. En particular, es válida la
condición de contraer o no contraer primero o ulterior matrimonio o
hacerlo con persona determinada, así como la condición de que el
heredero o legatario haga alguna disposición mortis causa en favor
del disponente o de otra persona.

CAPITULO II Legados
Artículo 162.--Adquisición del legado.

1. En los legados de cosa cierta y determinada existente en el
caudal hereditario, el legatario adquiere su propiedad desde que se
le defiere. En los demás legados, la delación le convierte en
acreedor de la persona gravada.

2. El legatario que acepte el legado consolidará su adquisición,
pero si lo repudia se considerará que no ha tenido lugar la delación
a su favor.

Artículo 163.--Derecho de transmisión.

1. El legado deferido y no aceptado ni repudiado se transmitirá por
fallecimiento del legatario a sus herederos, con la misma facultad de
aceptarlo o repudiarlo, salvo voluntad contraria del disponente o que
se trate de legados de usufructo, de renta, de pensión vitalicia u
otros de carácter personalísimo.

2. De existir una pluralidad de herederos del legatario, cada uno
podrá repudiar o aceptar la parte que le corresponda en el legado.

Artículo 164.--Posesión del legado.

El legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal
hereditario puede, por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar
posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener la inscripción a
su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura
pública en que formalice su aceptación.

Artículo 165.--Prelación entre legatarios.

Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los
legados, su pago se hará en el orden siguiente: 1.º Los que el
causante haya declarado preferentes.

2.º Los remuneratorios.

3.º Los de cosa cierta y determinada que forme parte del caudal
hereditario.

4.º Los de alimentos.

5.º Los de educación.

6.º Los demás a prorrata.

CAPITULO III Derecho de acrecer
Artículo 166.--Casos en que procede.

Habiendo sido llamadas dos o más personas conjuntamente a la
totalidad de una herencia o legado o porción de ellos, si alguna no
quiere o no puede suceder, su porción acrecerá a las demás, salvo que
el disponente hubiera nombrado sustituto o excluido el derecho de
acrecer o procedieran la sustitución legal o el derecho de
transmisión regulado en el artículo 72.

Artículo 167.--Acrecimiento por grupos.

Si quien no llega a suceder forma parte de un grupo de llamados,
aunque hubiera otras personas llamadas conjuntamente, el acrecimiento
tendrá lugar con preferencia dentro del grupo.

Artículo 168.--Efectos del derecho de acrecer.

Los herederos o legatarios favorecidos por el acrecimiento adquieren
la parte acrecida por imperio de la ley, sin necesidad de aceptación
y sin poder repudiar separadamente esa parte.

CAPITULO IV Albacea
Artículo 169.--Carácter dispositivo.

El disponente puede nombrar en pacto sucesorio o testamento uno o más
albaceas y establecer con entera libertad las determinaciones que
tenga por conveniente.

Artículo 170.--Testamento mancomunado.

En el testamento mancomunado, el plazo señalado al albacea común a
los testadores se contará, en cuanto a cada sucesión, desde la fecha
de fallecimiento del respectivo causante.

TITULO VI de la legítima
CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales
Artículo 171.--Legítima colectiva.

1. La mitad del caudal fijado conforme al artículo 174 debe recaer
en descendientes, de cualquier grado, del causante, que son los
únicos legitimarios.

2. Esta legítima colectiva puede distribuirse, igual o
desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien
atribuirse a uno solo. Si no se ha distribuido o atribuido de otra
manera, la legítima colectiva se entiende distribuida por partes
iguales entre los legitimarios de grado preferente.

Artículo 172.--Títulos de atribución.

1. La legítima puede atribuirse por cualquier título lucrativo.

2. La existencia de legitimarios no impide al disponente instituir,
de forma clara y explícita, heredero a un extraño.

Artículo 173.--Legitimarios de grado preferente.

1. Son legitimarios de grado preferente los hijos y, en lugar de los
premuertos, desheredados con causa legal o indignos de suceder, sus
respectivos hijos, sustituidos en los mismos casos y sucesivamente
por sus estirpes de descendientes.

2. No tendrán esta condición los descendientes de los que hubieran
renunciado a su legítima.

Artículo 174.--Cálculo.

1. El caudal computable a efectos del cálculo de la legítima se
forma de la siguiente manera: 1.º Se parte del caudal relicto
valorado al tiempo de liquidarse la legítima.

2.º Se añade el valor de los bienes donados por el causante calculado
al tiempo de la donación, pero actualizado su importe al tiempo de
liquidarse la legítima.

2. Por excepción, no se computan: a) Las liberalidades usuales.

b) Los gastos de alimentación, educación y asistencia en enfermedades
de parientes dentro del cuarto grado que estén en situación de
necesidad, aunque el causante no tuviera obligación legal de
prestarles alimentos. Los gastos de educación y colocación de los
hijos sólo se computarán cuando sean extraordinarios.

Artículo 175.--Imputación.

1. Serán imputables a la legítima colectiva las liberalidades
recibidas del causante por cualquiera de sus descendientes, incluso
premuertos, incapaces de suceder, desheredados con causa legal o
renunciantes a la legítima.

2. A la imputación se le aplican las mismas reglas de valoración del
artículo anterior. No se deducirá del valor de las liberalidades por
causa de muerte el de los gravámenes impuestos por el causante a los
descendientes, los cuales tendrán el derecho que les confiere el
artículo 184, ni el de los impuestos por la ley.

Artículo 176.--Liberalidades no imputables.

No se imputan a la legítima: a) Las liberalidades que el causante
hubiera excluido de imputación.

b) Las no computables para el cálculo de la legítima.

Artículo 177.--Renuncia a la legítima.

1. La renuncia a la legítima puede hacerse tanto después como antes
de la delación de la sucesión, y en este caso unilateralmente o como
resultado de un pacto sucesorio.

2. Los requisitos de capacidad y forma de la renuncia a la legítima
son, cuando se hace después de la delación, los mismos de la
repudiación de la herencia, y, cuando se hace antes, los mismos del
otorgamiento de pactos sucesorios.

3. La renuncia a la legítima, salvo declaración en contrario, no
afectará a los derechos que correspondan al renunciante en la
sucesión legal ni a los que le provengan de la sucesión voluntaria
del causante.

4. La renuncia a cualquier atribución patrimonial por causa de
muerte procedente del ascendiente implica la renuncia a la legítima.

Artículo 178.--Prescripción de acciones.

1. Las acciones reguladas en este Título prescriben en el plazo de
cinco años contados desde el fallecimiento del causante o desde la
delación de la herencia si ésta se produce con posterioridad.

2. Si el legitimado para el ejercicio de estas acciones fuera menor
de catorce años al iniciarse el cómputo, el plazo finalizará para él
cuando cumpla diecinueve.

CAPITULO II Intangibilidad cuantitativa
Artículo 179.--Lesión de la legítima.

1. No alcanzando los beneficios percibidos por el conjunto de los
descendientes la cuantía de la legítima colectiva, podrán reducirse
las liberalidades hechas en favor de no descendientes en la forma
regulada a continuación.

2. Salvo que la voluntad del disponente sea otra, el derecho a
obtener la reducción corresponderá a los legitimarios de grado
preferente y cada uno tendrá derecho a obtener una fracción del
importe de la lesión proporcional a su cuota en la sucesión legal.

3. La renuncia o la simple falta de ejercicio por alguno de su
derecho de reclamación no incrementa el de los demás.

Artículo 180.--Prelación en la reducción de liberalidades.

Las liberalidades lesivas se reducirán en el orden que el causante
hubiera dispuesto y en lo no previsto se procederá de la siguiente
forma: a) Se reducirán primero las liberalidades por causa de muerte,
a prorrata, con independencia de su título de atribución.

b) Si no fuera suficiente, se reducirán las liberalidades entre
vivos, empezando por las de fecha más reciente; las de la misma fecha
se reducirán a prorrata.

Artículo 181.--Forma de practicar la reducción.

1. Si la reclamación de reducción se dirige contra el cónyuge viudo,
podrá éste evitarla pagando en metálico lo que al legitimario
reclamante le correspondiera percibir.

2. Si quien sufriera la reducción hubiera recibido del causante
varios bienes, tendrá derecho a determinar cuáles de ellos, que
cubran el valor reclamado, son objeto de la misma.

3. Si el objeto de la reducción fuera un bien o un conjunto de ellos
que no admita cómoda división, ambas partes podrán compensarse en
metálico como convengan. En defecto de acuerdo, si la reducción no
absorbe la mitad de su valor, quedará para el que hubiera recibido la
liberalidad; en caso contrario, para el legitimario que reclama,
debiéndose compensar la diferencia en metálico.

CAPITULO III Intangibilidad cualitativa
Artículo 182.--Cumplimiento en bienes relictos.

1. La legítima debe atribuirse en bienes relictos.

2. El incumplimiento del deber de atribuir en bienes relictos lo que
falte para alcanzar la cuantía de la legítima colectiva, computadas
las donaciones imputables, faculta individualmente a los legitimarios
afectados para pedir que la parte proporcional que en la diferencia
les corresponda les sea entregada en bienes relictos por los extraños
que los han recibido, renunciando en favor de éstos a los
correspondientes bienes no relictos.

3. La reducción de liberalidades de bienes relictos hechas en favor
de no descendientes no podrá afectar al cónyuge viudo y para su
práctica será de aplicación el artículo 181.

Artículo 183.--Prohibición de gravámenes sobre la legítima.

1. El causante sólo puede imponer gravámenes sobre los bienes
relictos que atribuya a sus descendientes cuando el valor de los
atribuidos libres de gravamen sumado al de las donaciones imputables
a la legítima cubra el importe de la legítima colectiva.

2. Se entiende a estos efectos por gravamen toda carga, condición,
término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación
impuestos en el título sucesorio que disminuya el valor de los bienes
relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades
que correspondían al causante. No se consideran gravámenes los
legados en titularidad plena de bienes ciertos con que el causante
hubiera gravado a un descendiente.

Artículo 184.--Efectos de la infracción.

El legitimario a quien se hubiera impuesto un gravamen que
contravenga lo dispuesto en el artículo anterior tiene derecho a que
se tenga por no puesto. A este derecho se le aplicarán las siguientes
reglas: 1.ª El gravamen se tendrá por no puesto sólo en la parte que
vulnere la prohibición. Pero si por su naturaleza no fuera posible
dejarlo sin efecto parcialmente, se tendrá por no puesto en su
totalidad.

2.ª Si fueran varios los descendientes sujetos a gravamen, la parte
que deba quedar sin efecto se repartirá entre ellos en la misma
proporción en que hayan sido favorecidos por el causante en sus
disposiciones por causa de muerte.

3.ª El descendiente al que se hubieran impuesto varios gravámenes
podrá decidir el orden en que deben quedar sin efecto.

Artículo 185.--Cautelas de opción compensatoria.

1. Para que sea válida la facultad concedida por el causante a algún
legitimario de optar entre una determinada atribución por causa de
muerte libre de gravamen y otra de mayor importe pero sujeta a
gravamen que infrinja lo dispuesto en el artículo 183, es preciso que
concurran los siguientes requisitos: a) Que si se optara por la
atribución libre de gravamen, no haya lesión en la legítima
colectiva.

b) Y que si se optara por la atribución gravada, el conjunto de
liberalidades recibidas por los legitimarios cubra además la mitad de
la parte de libre disposición.

2. La opción que incumpla los requisitos del apartado 1 es ineficaz
y al gravamen impuesto se le aplicarán las reglas previstas en el
artículo anterior.

Artículo 186.--Gravámenes permitidos.

No se incluyen en la prohibición del artículo 183 los siguientes
gravámenes: 1.º Aquellos dispuestos en beneficio de otros
descendientes, presentes o futuros, dentro de los límites de las
sustituciones fideicomisarias.

2.º Los establecidos para el caso de fallecer todos los legitimarios
sin descendencia, y sólo relativamente a los bienes de que cada uno
no hubiere dispuesto.

3.º Los establecidos con justa causa, que esté expresada en el título
sucesorio o en documento público, conforme a lo previsto en el
artículo siguiente.

4.º Los demás previstos por la ley.

Artículo 187.--Justa causa de gravamen.

1. Sólo es justa la causa que busca un mayor beneficio del
legitimario gravado o de los demás legitimarios.

2. Si el gravamen impusiera una obligación cuyo incumplimiento
produzca la transferencia de los bienes heredados por el gravado a
otra persona, sólo será válido cuando esa persona sea otro
descendiente.

3. La causa expresada deberá tenerse como justa mientras no se
demuestre que no lo es.

CAPITULO IV Preterición
Artículo 188.--Supuestos de preterición.

1. Se entienden preteridos aquellos legitimarios de grado preferente
que, no favorecidos en vida del causante ni en su sucesión legal, no
han sido mencionados en el pacto o testamento, o en el acto de
ejecución de la fiducia.

2. No se consideran preteridos quienes en el momento de la delación
de la herencia son legitimarios de grado preferente por sustitución
de un ascendiente que no había sido preterido.

Artículo 189.--Mención suficiente.

1. Es suficiente para que no haya preterición cualquier mención del
legitimario en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura
en que se ordene la sucesión, aun sin disposición alguna a su favor
ni exclusión expresa de la legítima o de beneficios sucesorios.

2. Es también suficiente cualquier atribución de carácter simbólico
o de valor irrelevante.

3. No es mención suficiente, respecto de los nacidos después de
otorgarse el testamento o la escritura, el uso de expresiones no
referidas especialmente a ellos. Tampoco es mención suficiente la
referencia a un descendiente como fallecido cuando en realidad vive.

Artículo 190.--Preterición intencional.

1. Es intencional la preterición cuando el disponente, al ordenar la
sucesión, conocía la existencia del legitimario y su condición de
tal.

2. La preterición se presumirá intencional, salvo prueba en
contrario.

Artículo 191.--Preterición no intencional.

Es no intencional la preterición cuando el disponente, al ordenar la
sucesión, desconocía la existencia del legitimario o su condición de
tal, y en particular por haber nacido después, creer el causante que
había fallecido o desconocer que era descendiente suyo.

Artículo 192.--Consecuencias de la preterición intencional.

El legitimario preterido intencionalmente no tiene otro derecho que
el que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a
terceros, cuando exista lesión de la misma.

Artículo 193.--Consecuencias de la preterición no intencional.

1. El legitimario preterido no intencionalmente tiene derecho, salvo
previsión distinta del disponente, a una porción del caudal relicto
igual a la que después de la reducción corresponda al menos
favorecido por aquél. Esta porción se formará reduciendo
proporcionalmente las participaciones de los restantes legitimarios,
aunque éstos tendrán derecho a pagar al preterido su parte en
metálico. A la reducción se le aplicará lo dispuesto en el artículo
181.

2. Cuando todos o el único legitimario de grado preferente hayan
sido preteridos no intencionalmente y no haya sido designado heredero
o legatario ningún otro descendiente, se produce la delación
abintestato de todo el caudal relicto.

3. El preterido no intencionalmente tendrá, además, el derecho que
pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a
terceros, cuando exista lesión de la misma.

CAPITULO V Desheredación y exclusión
Artículo 194.--Desheredación con causa legal.

1. Sólo produce los efectos dispuestos en el artículo 196 la
desheredación que se funda en una causa legal, cierta y expresada en
el pacto o testamento, o en el acto de ejecución de la fiducia.

2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del
causante, si el desheredado la niega.

Artículo 195.--Causas legales de desheredación.

Son causas legales de desheredación: a) Las de indignidad para
suceder.

b) Haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o
ascendiente que le deshereda.

c) Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente, así como a su
cónyuge, si éste es ascendiente del desheredado.

d) Haber sido judicialmente privado de la autoridad familiar sobre
descendientes del causante por sentencia fundada en el incumplimiento
del deber de crianza y educación.

Artículo 196.--Efectos de la desheredación con causa legal.

1. La desheredación realizada conforme al artículo 194 priva al
desheredado de la condición de legitimario y de las atribuciones
sucesorias que le correspondan por cualquier título, excepto de las
voluntarias posteriores a la desheredación.

2. Además, extingue la legítima colectiva si no hubiera otros
descendientes que conserven la condición de legitimarios.

3. La reconciliación posterior entre el disponente y el desheredado
o el perdón de aquél a éste, privan al disponente del derecho a
desheredar y dejan sin efecto la desheredación ya hecha.

Artículo 197.--Exclusión voluntaria de descendientes.

1. El disponente puede excluir a los legitimarios de grado
preferente aunque no concurran los requisitos del artículo 194 y aun
sin alegación de causa alguna.

2. Los legitimarios excluidos no tienen otros derechos que el que
pueda corresponderles a reclamar la legítima colectiva frente a
terceros, cuando exista lesión de la misma, y los que les
correspondan en la sucesión legal, salvo lo dispuesto en los dos
artículos siguientes.

Artículo 198.--Exclusión absoluta.

1. La exclusión es absoluta cuando el disponente ha expresado su
voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión. La
misma consideración tiene la desheredación pretendida que no cumpla
los requisitos expresados en el artículo 194.

2. Los excluidos absolutamente quedan privados del derecho a suceder
abintestato y del de ejercitar la acción de lesión que pudiera
corresponderles, en los que serán sustituidos por sus estirpes de
descendientes si los tuvieran.

3. No obstante, si la exclusión absoluta afecta a todos o al único
legitimario, conservarán el derecho a suceder abintestato y a
reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista
lesión de la misma.

Artículo 199.--Error en el motivo o la causa.

Si el motivo de la exclusión, aun absoluta, o la causa de la
desheredación, expresados en el título sucesorio, son erróneos, pero
no han sido determinantes, se tienen por no puestos. Si han sido
determinantes, se producen para los legitimarios de grado preferente
las consecuencias de la preterición no intencional.

CAPITULO VI Alimentos
Artículo 200.--Derecho a alimentos.

1. Los legitimarios de grado preferente que al hacerse efectivas las
disposiciones sucesorias estén en situación legal de pedir alimentos
podrán reclamar los que les corresponderían, como descendientes del
causante, de los sucesores de éste, en proporción a los bienes
recibidos.

2. Estos derechos de alimentos sólo procederán en la medida en que
no esté obligado a prestarlos el viudo usufructuario o los parientes
del alimentista conforme a la legislación general.

TITULO VII De la sucesión legal
CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales
Artículo 201.--Procedencia.

En defecto, total o parcial, de sucesión ordenada válida y
eficazmente por pacto o testamento, se abre la sucesión legal.

Artículo 202.--Orden de sucesión legal.

1. En la sucesión legal la herencia se defiere en primer lugar a los
parientes de la línea recta descendente.

2. En defecto de descendientes: 1.º Los bienes recobrables y los
troncales se defieren a las personas con derecho a recobro y a los
parientes troncales, respectivamente.

2.º Los bienes no recobrables ni troncales, y también éstos si no hay
parientes con derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los
ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el cuarto grado y a
la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de
Gracia o Provincial de Zaragoza.

Artículo 203.--Diversidad de llamamientos universales.

1. En la sucesión legal de una persona pueden concurrir diferentes
llamamientos universales en atención al carácter troncal o no troncal
de los bienes que integran el caudal relicto.

2. La declaración de herederos legales deberá expresar si se refiere
sólo a los bienes no troncales, sólo a los troncales, con indicación
de la línea de que procedan, o a ambos tipos de bienes. Si falta
dicha mención, se presumirá que la declaración se ha limitado a los
bienes no troncales y no impedirá instar una nueva declaración
referida a los troncales.

Artículo 204.--Principio de proximidad de grado.

1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al
más remoto, salvo en los casos en que proceda el derecho de
sustitución legal.

2. Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a
partes iguales, salvo previsión legal en contrario.

Artículo 205.--Ineficacia del llamamiento.

1. Cuando el llamado a la sucesión legal no puede o no quiere
suceder, se procede conforme al siguiente orden: 1.º Si se trata de
un descendiente o hermano del causante y de alguno de los supuestos
de sustitución legal, ocupan su lugar sus estirpes de descendientes.

2.º No aplicándose la sustitución legal, su parte acrecerá a los
coherederos.

3.º Si tampoco hubiera acrecimiento, sucederán por derecho propio los
parientes del grado siguiente o, en su caso, las personas que
ocuparan el siguiente lugar, todo ello según el orden de delación
legal.

2. Quienes reciban la porción del llamado ausente deberán cumplir
las obligaciones que impone la normativa sobre la ausencia.

CAPITULO II Sucesión de los descendientes
Artículo 206.--No discriminación.

Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás
ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación.

Artículo 207.--Sucesión a favor de los hijos.

Los hijos del difunto le heredan siempre por su derecho propio,
dividiendo la herencia en partes iguales.

Artículo 208.--Sucesión a favor de otros descendientes.

1. Los nietos y demás descendientes heredan por sustitución legal,
en los casos y en la forma previstos en el Capítulo III del Título
Primero de esta Ley.

2. Repudiando la herencia el descendiente más próximo, si es solo,
o, si fueren varios, todos los descendientes más próximos llamados
por la ley, heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y
no como sustitutos del repudiante.

CAPITULO III Recobros y sucesión troncal
Artículo 209.--Recobro de liberalidades.

1. Los ascendientes o hermanos de quien fallece sin pacto o
testamento y sin descendencia recobran, si le sobreviven, los mismos
bienes que hubieran donado a éste y que aún existan en el caudal.

2. El recobro de los hermanos, en los casos en que proceda la
sustitución legal, pasará a sus hijos o nietos.

3. El recobro de liberalidades por los ascendientes o hermanos se
entenderá sin perjuicio del derecho de viudedad que corresponda al
cónyuge del donatario fallecido.

4. Cuando los bienes donados pertenecieran a la comunidad conyugal,
el recobro se ejercitará por cada cónyuge sobre la mitad indivisa de
aquéllos y para su patrimonio privativo.

Artículo 210.--Recobro, habiendo descendientes.

Procede también el recobro ordenado en el artículo anterior si,
habiendo ya recaído por título lucrativo los bienes en descendientes
del finado, fallecen todos éstos sin dejar descendencia ni haber
dispuesto de dichos bienes, antes que la persona con derecho a tal
recobro.

Artículo 211.--Sucesión troncal.

Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la
sucesión en los bienes troncales se deferirá: 1.º A los hermanos por
la línea de donde procedan los bienes, sustituidos por sus
respectivas estirpes de descendientes.

Habiendo sólo hijos o sólo nietos de hermanos, la herencia se
deferirá por cabezas.

2.º Al padre o madre, según la línea de donde los bienes procedan.

3.º A los más próximos colaterales del causante hasta el cuarto
grado, o hasta el sexto si se trata de bienes troncales de abolorio,
entre los que desciendan de un ascendiente común propietario de los
bienes y, en su defecto, entre los que sean parientes de mejor grado
de la persona de quien los hubo dicho causante a título gratuito.
Concurriendo tíos y sobrinos del transmitente, cuando unos y otros
sean parientes del mismo grado respecto del causante, los primeros
serán excluidos por los segundos.

Artículo 212.--Bienes troncales de abolorio.

1. Son bienes troncales de abolorio todos aquellos que hayan
permanecido en la casa o familia del causante durante las dos
generaciones inmediatamente anteriores a la suya, cualesquiera que
sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.

2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las
dos generaciones inmediatamente anteriores, cuando perteneció a algún
pariente de la generación de los abuelos del causante o más alejada y
no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya sido el número
de transmisiones intermedias.

Artículo 213.--Bienes troncales simples.

1. Son bienes troncales simples los que el causante haya recibido a
título gratuito de ascendientes o colaterales hasta el sexto grado.

2. Se exceptúan los que el causante hubiera adquirido de uno de sus
padres procedentes de la comunidad conyugal de ambos cuando según las
reglas de la sucesión no troncal le correspondiera heredar al otro
progenitor.

CAPITULO IV Sucesión de los ascendientes
Artículo 214.--Sucesión a favor de los padres.

1. La herencia se defiere al padre y a la madre por partes iguales.

2. En el caso de que uno de los padres haya premuerto al causante o
no quiera o no pueda aceptar la herencia, su parte acrecerá al otro
progenitor.

Artículo 215.--Sucesión a favor de otros ascendientes.

1. A falta de padre y de madre, o cuando ambos no quieran o no
puedan aceptar, la herencia se defiere a los ascendientes más
próximos en grado.

2. Si concurren varios ascendientes de igual grado pertenecientes a
la misma línea paterna o materna, la herencia se defiere por cabezas.
Si alguno de los llamados no quiere o no puede aceptar, su parte
acrecerá a los demás coherederos.

3. Si los ascendientes son de líneas diferentes, pero de igual
grado, la mitad se defiere a los ascendientes paternos y la otra
mitad a los maternos. En cada línea, la división se hará por cabezas,
con derecho de acrecer en favor de los coherederos de la misma línea
en caso de que algún llamado no quiera o no pueda aceptar la
herencia. Si todos los ascendientes de una línea no quieren o no
pueden aceptar, su mitad acrecerá a los ascendientes del mismo grado
de la otra línea.

CAPITULO V Sucesión del cónyuge y los colaterales
Artículo 216.--Sucesión a favor del cónyuge viudo.

1. El llamamiento al cónyuge sobreviviente no tendrá lugar si al
fallecimiento del causante estuviera decretada judicialmente la
separación, se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a
obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio o la
separación, o si estuviera separado de hecho por mutuo acuerdo que
conste fehacientemente.

2. Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por
cualquier título de todos los bienes adquiridos de su cónyuge, se
deferirán los que quedaren a los parientes del premuerto llamados, en
tal momento, a su sucesión legal, como herederos de éste y sustitutos
de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedarán
integrados en la herencia del sobreviviente.

Artículo 217.--Sucesión a favor de hermanos y sobrinos.

1. Los hermanos e hijos y nietos de hermanos son llamados con
preferencia a los demás colaterales. 2. Si no concurren más que
hermanos de doble vínculo, la delación tiene lugar por partes iguales
3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de
doble vínculo, la herencia se defiere a los primeros por derecho
propio y a los segundos por sustitución legal.

4. Si concurren hijos y nietos de hermanos, la herencia se defiere
por sustitución legal, pero si concurren sólo hijos o sólo nietos de
hermanos, la herencia se defiere por cabezas.

Artículo 218.--Sucesión a favor de medio hermanos y sobrinos.

1. Si concurren hermanos de doble vínculo con medio hermanos, los
primeros son llamados a doble cuota de la herencia que los segundos.

2. En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por parte de
padre y otros por la de la madre, la herencia se defiere a todos por
partes iguales.

3. La herencia se defiere a los hijos y nietos de los medio hermanos
por cabezas o por estirpes, según las reglas establecidas para los
descendientes de hermanos de doble vínculo.

Artículo 219.--Sucesión a favor de otros colaterales.

1. No habiendo hermanos ni hijos o nietos de hermanos, la herencia
se defiere a los demás parientes del causante en línea colateral
hasta el cuarto grado.

2. La delación en favor de estos colaterales se verifica sin
distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble
vínculo.

CAPITULO VI Sucesión en defecto de parientes y cónyuge
Artículo 220.--Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma.

1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión
conforme a las reglas anteriores, sucede la Comunidad Autónoma.

2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General
de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su
enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad,
con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el
causante hubiera tenido su último domicilio.

Artículo 221.--Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

1. En los supuestos del artículo anterior, el Hospital de Nuestra
Señora de Gracia o Provincial de Zaragoza será llamado, con
preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él
o en establecimientos dependientes.

2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación
Provincial de Zaragoza destinará los bienes heredados o el producto
de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de
asistencia del Hospital.

DISPOSICION ADICIONAL
Unica.--Régimen tributario de las instituciones civiles aragonesas.
El Gobierno remitirá en el plazo de un año un Proyecto de Ley que
regule las particularidades fiscales de la sucesión mortis causa en
Aragón, ya a través de la Ley de medidas tributarias, financieras y
administrativas, ya mediante una ley específica atendiendo a nuestras
peculiaridades de Derecho foral y actual realidad socioeconómica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.--Norma general.

Las sucesiones por causa de muerte se regirán por la ley vigente en
el momento de apertura de la sucesión.

Segunda.--Validez de los actos por causa de muerte anteriores a la
Ley.

1. Conservarán su validez los pactos sucesorios y testamentos
otorgados y las fiducias sucesorias concedidas o pactadas bajo la
legislación anterior y que sean válidos con arreglo a ella.

2. También serán válidos los pactos sucesorios y testamentos
otorgados y las fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes de la
entrada en vigor de esta Ley que lo sean con arreglo a ella, aunque
no lo fueran según la legislación anterior, siempre que la apertura
de la sucesión se produzca estando esta Ley en vigor.

Tercera.--Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no
ejercitados o cumplidos todavía.

1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes de regir esta Ley,
pero no ejercitados o cumplidos a su entrada en vigor, subsistirán
con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación
precedente; pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración o
prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en
esta Ley.

2. Los plazos se contarán desde la entrada en vigor de esta Ley en
las sucesiones abiertas con anterioridad, pero se aplicarán los de la
legislación anterior si habían de cerrarse antes que los de esta Ley.

Cuarta.--Sustitución legal.

1. No es causa de sustitución legal la renuncia a la herencia
producida con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

2. No obstante, cuando en pacto sucesorio o testamento otorgado
antes de la entrada en vigor de esta Ley se hubiera previsto
expresamente la aplicación del régimen contenido en el artículo 141
de la Compilación del Derecho Civil, será dicho régimen el que se
aplique.

Quinta.--Normas sobre aceptación, repudiación y partición.

Las normas de esta Ley sobre aceptación, repudiación y partición de
la herencia se aplicarán a las realizadas tras su entrada en vigor
aunque la sucesión se haya abierto antes.

Sexta.--Consorcio foral.

Los efectos del consorcio foral y la facultad de cada consorte de
separarse del mismo previstos en esta Ley serán de aplicación después
de su entrada en vigor aunque el consorcio se hubiera originado
antes.

Séptima.--Sucesión paccionada.

Las normas del Título II de la presente Ley en cuanto a efectos,
disposición de bienes entre vivos y responsabilidad de los bienes
transmitidos, así como la reguladora de los efectos de la revocación
de la institución de presente, serán también aplicables a los pactos
sucesorios otorgados con anterioridad a su entrada en vigor.

Octava.--Modificación o revocación de actos y disposiciones por causa
de muerte.

Las normas de la presente Ley sobre modificación o revocación de los
actos por causa de muerte o de cualquiera de las disposiciones
contenidas en ellos serán aplicables desde su entrada en vigor aunque
los actos que se modifican o revocan se hubieran otorgado con
anterioridad.

Novena.--Fiducia sucesoria.

El artículo 132 y los Capítulos II, III y IV del Título IV de esta
Ley serán también aplicables a las fiducias sucesorias pendientes de
ejecución a su entrada en vigor.

Décima.--Preterición.

Lo dispuesto en el artículo 189 sobre mención suficiente se aplicará
también a las sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de
esta Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.--Derogación del Libro II de la Compilación del Derecho Civil
de Aragón.

Queda derogado por la presente Ley el Libro II, "Derecho de sucesión
por causa de muerte", artículos 89 a 142, de la Compilación del
Derecho Civil de Aragón.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.--Modificación del Título Preliminar de la Compilación del
Derecho Civil de Aragón.

El Título Preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón
tendrá la siguiente redacción:

"TITULO PRELIMINAR Las normas en el Derecho Civil de Aragón
Fuentes jurídicas Artículo 1.--1. Las fuentes del Derecho civil de
Aragón son la ley, la costumbre y los principios generales en los que
tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico.

2. El Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio
sólo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios
que las informan. De la costumbre Artículo 2.--1. La costumbre
tendrá fuerza de obligar cuando no sea contraria a la Constitución o
a las normas imperativas del Derecho aragonés.

2. Los Tribunales apreciarán la existencia de la costumbre a virtud
de sus propias averiguaciones y de las pruebas aportadas por los
litigantes. "Standum est chartae" Artículo 3.--Conforme al principio
standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la
voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones,
siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la
Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés."
Segunda.--Entrada en vigor de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor el día 23 de abril de 1999. Así lo
dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los
correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón. Zaragoza, 24
de febrero de 1999.

El Presidente de la Diputación General de Aragón, SANTIAGO LANZUELA
MARINA





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